Diez países europeos suscribieron las sanciones de los Veintisiete en contra de siete funcionarios y tres instituciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por ser «cómplices» de las violaciones a los derechos humanos y «socavar la democracia».
Los sancionados son Camila y Laureano Ortega Murillo; los magistrados del Poder Electoral Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell; Nahima Díaz, directora general de Telcor e hija del director de la Policía Francisco Díaz; y Luis Ángel Montenegro, superintendente de bancos.
También fue sancionada la Policía Nacional, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el Consejo Supremo Electoral (CSE).
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Los nuevos países que sancionaron a dos hijos de la pareja Ortega-Murillo y cinco funcionarios más son: Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Ucrania, Moldavia y Georgia.
La adhesión de las 10 naciones corresponden a las sanciones anunciadas por la Unión Europea el 10 de enero de 2022, en la víspera de la toma de protesta del caudillo sandinista y su mujer Rosario Murillo.
Estas 10 naciones son países socios y candidatos a formar parte del bloque europeo. La decisión fue celebrada por Josep Borrel Alto Representante de Exteriores de la Unión Europea.
La UE aplicó las primeras sanciones contra Nicaragua en 2020 y en total afectan a 21 personas, entre ellos la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y a otro de sus hijos, Juan Carlos Ortega Murillo.
Ninguno de ellos puede entrar a territorio comunitario y se les han congelado todos los bienes y activos que tengan en la Unión Europea.
La UE empezó a preparar esta última ronda de sanciones tras las elecciones de noviembre de 2021, que los Estados miembros no reconocieron al considerarlas fraudulentas, porque los principales líderes de la oposición están encarcelados.
Según dijo entonces el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, los comicios se celebraron sin «garantías democráticas» porque el régimen de Ortega «privó» a los nicaragüenses a un voto «creíble, inclusivo, justo y transparente».
Estados Unidos también se unió a las sanciones contra Daniel Ortega y su familia en el día en el que el régimen tomó posesión de su tercer mandato en unas elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.
