La justicia orteguista reanudó este miércoles, 23 de febrero, el juicio contra siete dirigentes opositores nicaragüenses. Este día se realiza la séptima audiencia del proceso penal contra los presos políticos, acusados de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua».
Una fuente bajo condición de anonimato dijo a Artículo 66 que el maratónico juicio conjunto contra los opositores inició a las 8:30 de la mañana y se suspendió a eso de las 9 de la noche, es decir, que el martes la sesión se extendió por más de 12 horas.
Los presos políticos son los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga; las activistas Tamara Dávila y Violeta Granera, el exdiputado José Pallais y el empresario José Adán Aguerri. A este grupo se suma el investigador Manuel Orozco, quien fue acusado en ausencia puesto que él reside en los Estados Unidos.
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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha catalogado este acto del régimen de Daniel Ortega como una «estrategia perversa» de tortura que busca desgastar más las condiciones físicas y emocionales de los reos de conciencia, así como a los familiares y abogados defensores.
El proceso judicial montado por el régimen de Ortega contra los opositores inició el pasado martes, 15 de febrero, en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, donde ya se ha suspendido por seis ocasiones. Los juicios contra los otros opositores han sido resueltos en un mismo día.
De acuerdo con la Fiscalía, desde el 2009 Orozco se «encuentra vinculado con el financiamiento de campañas desestabilizadoras, mediante una red de enlaces de organizaciones políticas y medios de comunicación, con los cuales han venido manipulando y presionando para destruir con métodos violentos el Gobierno de Nicaragua», reza la acusación de la fiscal Heydi Estela Ramírez.
Los recursos habrían llegado a las siguientes organizaciones nicaragüenses: Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), dirigida por la periodista y presa política Cristiana Chamorro; Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), a cargo de Félix Maradiaga hasta su cierre y confiscación.
También recibiría «financiamiento» la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económica y Social (Funides), dirigida por el empresario Juan Sebastián Chamorro, aspirante presidencial; Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), de la periodista Sofía Montenegro; Movimiento Puente y Movimiento por Nicaragua, a cargo del politólogo José Antonio Peraza, actual preso político de la dictadura.
La Fiscalía del régimen usa como «pruebas testimoniales» las declaraciones de 32 oficiales de policía para inculpar por el supuesto delito de «conspiración» a los siete presos políticos.
La mayoría de los «testigos» participaron de los allanamientos en las residencias de los detenidos, levantaron actas de los bienes ocupados y realizaron fijaciones fotográficas de los inmuebles de los opositores.
