El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrão condenó la muerte del general en retiro y preso político de Nicaragua, Hugo Torres, fallecido el sábado, 12 de febrero, en el Hospital Roberto Huembes, propiedad de la Policía sandinista.
En entrevista exclusiva con Artículo 66, el experto en derechos humanos dijo que desde la detención arbitraria del disidente sandinista el Gobierno de Daniel Ortega «no respetó sus derechos».
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En cuanto al comunicado del Ministerio Público, donde afirmó que a Torres Jiménez se le respetaron sus derechos y se suspendió el proceso judicial en su contra para que tuviera asistencia médica, Abrão señaló que «es una contradicción insuperable que una dictadura afirme respetar derechos de una persona preso político».
«Ortega necesita entender que sin una solución en materia de verdad, reparación y justicia para todas las víctimas del levantamiento de 2018 no habrá salida para la crisis político-institucional-democrática del país», recalcó el defensor brasileño.
El exfuncionario de la CIDH enfatizó que las decisiones judiciales arbitrarias y sin debido proceso consolidan el Estado totalitario en Nicaragua. «Toda la estructura institucional es autoritaria represiva», indicó.
Agregó que los juicios contra disidentes sandinistas, opositores, defensores de derechos humanos y periodistas independientes «son nulos jurídicamente porque sus premisas son falsas».
La salida a la crisis de Nicaragua
Para Pablo Abrão, la hoja de ruta para salir de la crisis que vive Nicaragua a manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo «es simple: nuevas elecciones dirigidas por un mecanismo independiente de la ONU (Organización de las Naciones Unidas)».
Además, afirmó que es necesaria la liberación inmediata de los 170 presos políticos, «instalación de una Fiscalía y justicia especial independiente para identificar y procesar las responsabilidades por las personas fallecidas en los últimos 4 años, entablar un programa de reparación a los familiares, devolver las personalidad jurídicas y bienes confiscados de las ONGs y de los medios —de comunicación— independientes».
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«Devolver la titularidad de las universidades privadas, abrir un canal humanitario y seguro para el regreso de los 100.000 exiliados. Esta agenda —programada para implementarse en un año— permitiría al país regresar a la normalidad democrática». añadió.
En 2018, Paulo Abrão, junto con una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llegó a Nicaragua —durante las protestas sociales— y documentó las numerosas violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses, por lo que llamó al cese de la represión gubernamental.
Desde que se conoció de la muerte de Torres Jiménez «comandante uno», las condolencias, condenas y demandas de esclarecer el fallecimiento no han cesado por parte la comunidad internacional y defensores de derechos humanos.
Cero impunidad contra Ortega
Recientemente, la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, condenó el fallecimiento del vicepresidente de Unamos.
«Ello levanta un llamado a autoridades y comunidad internacional sobre la urgente situación de presos políticos en Nicaragua. Muchos corren grave riesgo de salud y vida», demandó la futura ministra de Relaciones Exteriores con el nuevo Gobierno Chileno de Gabriel Boric.
El 13 de junio de 2021, el «comandante uno», como era conocido Hugo Torres, fue secuestrado por agentes policiales. Luego fue acusado por supuesta «conspiración a la patria», estuvo 244 días recluido en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote», en Managua.
«Para las familias, el consuelo es saber que su lucha no será en vano, es que la lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Esta vez Nicaragua no podrá manipular el olvido como estrategia de impunidad»., concluyó Paulo Abrão.
