Condenan ilegalización de universidades: Ortega atenta contra la autonomía universitaria

La Red Iberoamericana de Filosofía (RIF) rechazó la cancelación de las personalidades jurídicas de más de 15 asociaciones universitarias y universidades en Nicaragua por orden de Daniel Ortega. La Asamblea Nacional ilegalizó estas instituciones educativas alegando que no cumplieron con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro.

En un comunicado divulgado en redes sociales, el organismo condenó las acciones del Gobierno de Daniel Ortega, las cuales «atentan en Nicaragua contra la libertad de cátedra, la autonomía universitaria, la libertad de pensamiento, el derecho ciudadano a la protesta, el debido proceso de las instituciones y el pensamiento crítico».

La RIF resaltó que las universidades canceladas fueron confiscadas por el régimen y ocupadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), «sobre lo cual se elevan fuertes sospechas si tiene jurisdicción para tales efectos».

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Las universidades ilegalizadas y confiscadas por la dictadura son: Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Nicaragüense Estudios Humanitarios (UNEH), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic), Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y la Universidad Paulo Freire (UPF).

Tras la cancelación de la personalidad jurídica de estas universidades, el régimen de Ortega intentó «lavarse las manos» y creó tres «nuevas» universidades dentro de los mismos recintos confiscados, argumentando que el objetivo es «garantizar» la continuidad de los estudios de la comunidad universitaria afectada.

La Asamblea Nacional aprobó el siete de febrero, las iniciativas de leyes y la creación de la Universidad Nacional Politécnica (UNP), que absorberá a la Upoli; y la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda sustituirá a la UCATSE. También, crearon la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, es la encargada de asumir la continuación de los estudios de la UHISPAM, la UNEH, la UPONIC y la UPF.

La experta constitucionalista María Asunción Moreno, para quien el Estado está prácticamente confiscando las universidades privadas ilegalizadas, explicó que «nuestra Constitución es clara en señalar y reconocer, no solo la autonomía universitaria, sino que los bienes y rentas de las universidades no pueden ser objeto de intervención ni expropiación».

La RIF, ante la cancelación de las universidades en Nicaragua, demanda al régimen de Ortega a sujetarse «irrestrictamente al derecho nacional e internacional que protege la libertad académica, el derecho a la educación superior y la autonomía universitaria».