Jared Genser, abogado internacional defensor de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, rechazó los juicios y condenas por parte de la justicia de Nicaragua en contra de los 14 reos de conciencia que han sido juzgados y declarados culpables por los supuestos delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas».
En un comunicado divulgado este jueves, 10 de febrero, el jurista lamentó que la dictadura de Ortega persista en continuar con los procesos judiciales de los presos políticos y señaló de «ilegítimos e ilegales» los procesos celebrados contra los opositores, en las instalaciones del Complejo Policial Evaristo Vázquez.
«El régimen Ortega-Murillo está avanzando con su represión desenfrenada en Nicaragua al juzgar y condenar a los presos políticos después de juicios ilegítimos realizados a puerta cerrada y realizados ilegalmente en la cárcel conocida como nuevo Chipote», indicó Genser.
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El abogado defensor de Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga reiteró que los rehenes de la dictadura de Ortega «han sido objetos de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, detenciones prolongadas en régimen de incomunicación, graves violaciones al debido proceso y torturas».
Asimismo, los familiares y organismos de derechos humanos han denunciado que las autoridades de la Policía, desde la escalada represiva en mayo 2021, se han encargado de mantener a los opositores en «situación precaria», con tratos inhumanos, torturas, interrogatorios las 24 horas del día, sin derecho a comunicación entre ellos mismos, sin una alimentación balanceada, entre otras cosas.
Jared Genser resaltó que desde a mediados de 2021 la Policía Nacional y el Ministerio Público se centraron en detener a más de 40 personas que se oponen al régimen de Ortega y las sometieron a «investigación» por supuestamente «cometer actos que “atentan contra la independencia, soberanía y autodeterminación” de Nicaragua».
Subrayó que los rehenes de la dictadura «fueron imputados en agosto (2021) por cargos evidentemente políticos, pero luego los procesos judiciales fueron suspendidos por la “saturación” de la agenda de los jueces».
Mientras tanto, el Ministerio Público, controlado por Ortega, informó en un «incendiario comunicado de prensa» que los procesos judiciales se reanudarían y a partir del primero de febrero se daba inicio a los juicios contra los presos políticos encarcelados en «El Nuevo Chipote».
«El Ministerio Público se refirió a los acusados como “delincuentes” violando una vez más su derecho a la presunción de inocencia. El comunicado asevera que han “alterado la paz y la tranquilidad de las familias nicaragüenses, (…) lesionando los intereses supremos de la nación, (y realizando) actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua,” concluyendo la culpabilidad de los presos antes de llevarlos a juicio», alegó Genser.
Chamorro y Maradiaga a juicio, este próximo 15 de febrero
El abogado defensor detalló que Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga están acusados de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», delito que según la ley 1055, Ley de Soberanía «conlleva una pena de prisión de entre 15 y 25 años».
Los juicios contra los reos de conciencia y ex-aspirantes a la Presidencia de Nicaragua están programados para el 15 de febrero de 2022. «Como ha pasado con los otros presos políticos, se anticipa que serán juzgados y condenados en las próximas semanas, como parte de esta farsa judicial perpetrada por el régimen», señaló.
Jared Genser sostiene que «Ortega y Murillo manipulan el Poder Judicial de Nicaragua como una herramienta política para condenar a cualquiera que hable en contra de su régimen».
Resaltó que a los presos políticos de Ortega «en ocho meses, ni siquiera se les ha permitido hablar en privado con sus abogados o revisar sus expedientes; en los casos de Chamorro y Maradiaga, durante el juicio será la segunda vez que vean a sus abogados. En todos los interrogatorios diarios se les ha negado la presencia de sus abogados».
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Para el jurista internacional «la situación en Nicaragua se vuelve más urgente cada día, ya que el régimen condena a la oposición democrática, uno por uno, a décadas de prisión. Los presos políticos se encuentran en una situación de extremo riesgo, ya que el régimen viola flagrantemente sus derechos humanos y los del pueblo nicaragüense».
La justicia de Nicaragua ha declarado culpable a 14 líderes de la oposición por supuestamente violar la Ley 1055, Ley de Soberanía y la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. Los abogados defensores han denunciado una serie de irregularidades en los juicos contra los reos de conciencia y familiares de los presos califican de «farsa y montaje» las audiencias celebradas.