El grupo de abogados Acción Penal considera que los presos políticos, detenidos en el contexto electoral, podrían ser trasladadas al Sistema Penitenciario Nacional (SPN) «Jorge Navarro» y al Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), conocido como «La Esperanza», porque su permanencia en las celdas de «El Nuevo Chipote» es «improcedente».
«Una vez declarado el fallo tienen el plazo de seis días para dictar la sentencia -se basa en la pena que van a imponer-, supongo que la defensa va recurrir de apelación, pero ya sabemos que el tribunal de segunda instancia no le va a dar lugar. Las personas que enfrentan un proceso penal, desde que la causa pasa a la audiencia y la causa es remitida a juicio ellos tienen que estar en el Sistema Penitenciario; o sea, eso de mantenerlos en “El Chipote, que es una celda de carácter investigativo, no es improcedente. En los casos comunes es así, remitirlos al Sistema Penitenciario», explicó Acción Penal a Artículo 66.
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Los juristas manifestaron que todas las penas que están imponiendo tienen prisión, entonces es muy probable que las personas presas políticas sean trasladas al Sistema Penitenciario al igual que los otros presos políticos. Los acusados son señalados de violar la Ley 1055, Ley de Soberanía y la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos.
Los reos mayores de edad y con enfermedades crónicas
Sobre los presos políticos mayores de edad y con enfermedades crónicas, el grupo de abogados explicó que los reos de conciencia no han sido valorados por un médico legal conforme lo establece la ley que «señale las afectaciones premórbidas que ellos tienen» ni las enfermedades que han desarrollado después del encierro.
«Si existía un dictámen médico legal de un médico forense objetivo e imparcial, el médico forense determinaría que ellos necesitan atención médica y si pueden continuar el régimen carcelario o régimen carcelario abierto; es decir en el Sistema Penitenciario pero con atenciones médicas o hubiesen enfrentado los procesos con medidas cautelares distintas por alguna situación como los reos valetudinarios con énfasis en las personas adultas mayores», argumentó.
Acción Penal señaló que, si las defensas apelan la sentencia, hay un «atraso en el proceso de ejecución de sentencia» y, en caso de no hacerlo un juez de ejecución de sentencia «difícilmente le va dar cambio» de régimen carcelario distinto al que dictó el judicial.
«La transgresión más grande que ha habido es que no se le ha dado lugar nunca a las peticiones que ha solicitado la defensa de ser valorados por un médico forense, además, el Instituto de Medicina Legal no es imparcial, el juez nunca ha requerido estos incumplimientos; entonces se desconoce con exactitud la situación de salud de ellos», explicó.
El grupo de abogados manifestó que todos los procesos que incluya la revisión de la salud de los detenidos se debe hacer a través de un médico forense. «Hay enfermedades promórbidas que algunos reos pueden sobrellevar en el penal, pero siempre y cuando tenga la atención médica necesaria. Estamos ante instituciones totalmente partidarias», finalizó.
Familiares de los reos de conciencia han denunciado que sus parientes tienen serios problemas de salud preexistentes y algunos que han desarrollado por el cautiverio. Edgard Parrales, Violeta Granera, José Pallais, Mauricio Díaz, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, entre otros, necesitan ser valorados por un médico y sus defensas han solicitado el cambio de medida cautelar, pero las autoridades no responden los recursos.