El abogado Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire, informó a Artículo 66 que tras la cancelación de la personalidad jurídica de la casa de estudio superior que fundó y dirigía, una fuente del régimen de Nicaragua le avisó que podría ser detenido porque tenía «orden de captura» y argumentó que «cualquier cosa se inventa en Nicaragua para detenerte» y ahora está exiliado en Costa Rica.
«Recibí noticias claras de que había una orden para detenerme y que la orden estaba emanando de un poder específico del Estado. Te puedo garantizar que yo no dejo mi país por gusto ni por andar haciendo teatro», aclaró el académico.
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Según Meza, su informante le explicó que la orden de detención se basa en sus «posiciones de confrontación con el gobierno y en los pronunciamientos sobre derechos humanos».
«Particularmente les ha molestado nuestra posición cuando reclamamos por los derechos de nuestros estudiantes. Samantha Jirón (presa política) es estudiante de nuestra escuela de Ciencias Políticas y nosotros reclamamos porque se respetaran sus derechos y garantías constitucionales. Esa fue la gota que derramó el vaso», señaló.
Sobre la ilegalización de un docena universidades dijo que esa decisión del régimen le «puede costar carísimo» porque está demostrando «paranoia absoluta» y afecta su «proyección internacional». «La comunidad académica internacional está empezando a reaccionar. Hay antecedentes históricos graves como Pinochet, en Chile, cerrando (universidades) y poniendo de rectores a cabos y capitanes: (Francisco) Franco cerrando universidades en España», alertó.
El jurista Adrián Meza citó la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que declaró «ilegítimas» las votaciones generales del siete de noviembre y por ende, argumentó el rector, lo actuado por los diputados orteguistas «no tiene facultad legal para cerrar universidades».
«Ya hay una historia dolorosa de la academia y universidades de cara a los abusos del poder. Esto no es nuevo. El Gobierno debería de pensar seriamente el terreno que está comenzado a pisar», advirtió.
El dos de febrero la Asamblea Nacional, dominada por el régimen, aprobó la cancelación de la personalidad jurídica de cinco universidades privadas: Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanístico (UNEH), Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic) y la Universidad Paulo Freire (UPF).