Walter Antonio Gómez y Marco Antonio Fletes, ambos extrabajadores administrativos de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y ahora presos políticos de Ortega, cumplen ocho meses de estar cautivos en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, luego que el 28 de mayo de 2021 fueron detenidos de forma arbitraria por la Policía de Nicaragua.
El Ministerio Público, controlado por Daniel Ortega, los acusó del supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos; y apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica. Gómez y Fletes fueron los primeros detenidos en la nueva embestida del régimen orteguista contra la oposición.
Según información a la que tuvo acceso LA PRENSA, en el Sistema de Causas del proceso judicial de ambos extrabajadores de la Fundación, aparece como en fase de juicio, de clase penal y como motivo «acusación sin detenidos».
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En esta causa aparte de Fletes y Gómez, también aparecen acusados, Pedro Vásquez, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, de conformidad con el medio de comunicación.
A los presos políticos de Ortega solo se les ha otorgado cinco visitas desde su detención el 28 de mayo de 2021. Este 28 enero cumplen 245 días encarcelados en la celdas de «El Nuevo Chipote».
Los presos políticos Walter Gómez y Marco Fletes son beneficiarios de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según la resolución 49/2021 emitida el 24 de junio de 2021.
Abogados, defensores derechos humanos y sus familiares han denunciado las anomalías en el proceso judicial de ambos reos de conciencia, entre ellas; la detención sin una orden de captura, los interrogatorios sin presencia de sus abogados, la falta de acceso a sus abogados y la fabricación de delitos en su contra.
Los parientes de Gómez y Fletes firmaron y respaldan la iniciativa que busca establecer un diálogo entre las autoridades del Gobierno, sociedad civil e iglesia con el fin de alcanzar la liberación de los rehenes de Ortega.
La situación de los opositores detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial sigue siendo deplorable, denuncian familiares de los más de 170 detenidos. Grupos de oposición y familias demandan al gobierno de Daniel Ortega «garantizar» las condiciones mínimas en las cárceles de «El Nuevo Chipote».
