La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) se sumó a la propuesta de los familiares de presos políticos, con la cual instan al gobierno de Daniel Ortega, Iglesia católica y sectores de la sociedad civil a «construir puentes» para lograr la liberación de los más de 170 rehenes de la dictadura.
Por medio de un comunicado, la organización política respaldó el pronunciamiento de los parientes de los reos de conciencia y señaló que «la liberación de todos los presos políticos es una demanda nacional que nos convoca a todos. Mientras haya presos políticos Nicaragua no tendrá tranquilidad, democracia y prosperidad».
«Compartimos con los familiares de los presos políticos en que “todos anhelamos una paz duradera y unidad genuina, pero esa paz y unidad nos van a eludir mientras no se dé la liberación de nuestros 170 presos”», reiteró AUN.
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La organización opositora tiene a dos de sus dirigentes, Lesther Alemán y Max Jerez, encarcelados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, desde el cinco de julio de 2021. Ambos fueron detenidos por supuestamente «conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional».
AUN señaló que seguirán abogando por una «salida pacífica, democrática e institucional a la grave crisis social, política y económica que Nicaragua está experimentando».
«Coincidimos con los familiares de los presos políticos en que su liberación se puede ver como el paso inicial en un proceso que conlleve un mayor grado de serenidad para los hogares nicaragüenses, dentro y fuera de nuestras fronteras, y que ayude gradualmente a reducir grietas en nuestra sociedad», enfatizó.
27 familias de personas presas políticas, este 25 de enero, hicieron un llamado «a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a nuestra Iglesia para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana, dispuestos a construir puentes; dispuestos a escucharnos los unos a los otros para así comenzar a desarmar la desconfianza mutua que por siglos nos ha dividido».
Al igual que AUN, diferentes organización políticas nacionales e internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) han brindado su respaldo a la iniciativa que busca la liberación de todos los reos políticos.
El régimen de Ortega, desde mayo 2021, ha incrementado la represión y persecución política contra los opositores, resultando más de 40 líderes de la oposición encarcelados, entre ellos aspirantes presidenciales, periodistas, empresarios y defensores de derechos humanos, la mayoría acusados de violar la Ley 1055, normativa que utiliza la dictadura para tildar de «traidores de la patria» a los opositores.
Lejos de querer una salida a esta crisis sociopolítica, el gobierno nicaragüense sigue insistiendo que todos los rehenes de conciencia son «delincuentes» y pese a que el presidente Daniel Ortega expresó que trabajaría por un «borrón y cuenta nueva» se conoció que se activó juicio en contra de los opositores Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Yader Parajón y Yaser Vado, los que serán procesados por supuesta conspiración.