Suiza impuso sanciones hoy lunes, 24 de enero, a los hijos de la pareja dictatorial Camila y Laureano Ortega Murillo junto a otros cinco funcionarios del régimen y tres instituciones del Estado: el Instituto Nicaragüense de Telecomunicación y Correos (Telcor), la Policial del régimen y el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Los nuevos sancionados por Suiza son Camila y Laureano Ortega Murillo; la directora de Telcor, Nahima Díaz; los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell; el superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro; la Policía Nacional; el Consejo Supremo Electoral y Telcor.
Los sancionados «son responsables de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el debilitamiento de la democracia y el estado de derecho».
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Las medidas restrictivas ahora se aplican a un total de 21 personas y tres entidades. Los designados están sujetos a una congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de ese país tienen prohibido poner fondos a su disposición.
Las personas también están sujetas a una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.
Las medidas de Suiza son a los mismos operadores y entidades que aplicó la Unión Europea (UE) el 10 de enero en la más reciente ronda de sanciones tras las elecciones de noviembre de 2021, que los Estados miembros no reconocieron al considerarlas fraudulentas, porque los principales líderes de la oposición están encarcelados.
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Según dijo entonces el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, los comicios se celebraron sin «garantías democráticas» porque el régimen de Ortega “privó” a los nicaragüenses a un coto «creíble, inclusivo, justo y transparente».
Estados Unidos también se unió a las sanciones contra Daniel Ortega y su familia en el día en el que el régimen tomará posesión de su tercer mandato en unas elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.
El régimen de sanciones con respecto a Nicaragua se introdujo por primera vez en octubre de 2019, luego de que el Consejo expresara repetidamente su preocupación por el deterioro de la situación política y social en el país.
El 4 de mayo de 2020, en vista de la gravedad de la situación, el Consejo Europeo adoptó las primeras medidas restrictivas contra seis personas.
