Suiza emitió nuevas sanciones contra siete funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Camila y Laureano Ortega Murillo son los nuevos miembros de la familia presidencial que ingresan a la «lista negra», le acompañan cinco funcionarios leales a sus padres y tres instituciones del Estado. Pero, ¿por qué fueron designados por Suiza? Aquí las razones:
Camila Ortega Murillo: Según Suiza, la directora de Nicaragua Diseña está «muy involucrada» en las acciones de apoyo a la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, como asesora de Presidencia, asistente personal de su mamá y coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa. También es directora de Canal 13 de televisión.
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«Es responsable de utilizar Nicaragua Diseña para apoyar las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas, que tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2021, mediante la creación de cuentas falsas en diferentes plataformas de redes sociales», señala.
«Como directora de Canal 13 ha contribuido a difundir el discurso de odio del régimen orteguista contra la oposición cívica, restringiendo la pluralidad editorial y persiguiendo a los periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua, eliminando la libertad de expresión y la competencia electoral propiamente dicha», agrega.
Suiza explica que los hermanos Ortega Murillo han jugado un «papel central» en la supresión del pluralismo político y la desarticulación definitiva de la democracia nicaragüense y los señala de «responsables de socavar la democracia».
Laureano Ortega Murillo: Fue sancionado por «participar de cerca en acciones de apoyo a la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, como asesor de la Presidencia. Ha justificado y apoyado el encarcelamiento arbitrario e ilegal de líderes políticos opositores y precandidatos presidenciales nicaragüenses, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, a todos los cuales se ha referido como “terroristas”».
Igualmente, lo señalan de «contribuir a la eliminación de la competencia electoral» y jugar un «papel central » en la supresión del pluralismo político y la desarticulación definitiva de la democracia nicaragüense.
«Es responsable de operar BanCorp, entidad cuyo objeto principal es asistir, patrocinar y apoyar económicamente las actividades represivas de su madre, la vicepresidenta Rosario Murillo», explica.
Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell: La presidenta, vicepresidente y magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), respectivamente, son incluidos en la lista por organizar unas elecciones que carecían de «transparencia, verdadera oposición y debate democrático, socavaron la democracia. instituciones y procesos».
«El CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a elecciones libres y aseguró la organización de las votaciones en condiciones no democráticas», añade.
Nahima Díaz Flores: Ocupa el cargo de directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el ente regulador de los servicios de telecomunicaciones y correos. «Las autoridades nicaragüenses han utilizado Telcor para silenciar a los medios independientes, incluidas tres organizaciones de noticias desde 2018».
Suiza asegura que durante la campaña de las elecciones generales de 2021. Esa institución implementó campañas de desinformación a gran escala. Como institución encargada de la implementación de la «ley de ciberseguridad», Telcor ha venido «comandando y operando acciones de vigilancia sobre la sociedad civil y la oposición democrática».
«En su cargo, Nahima Díaz Flores ha actuado como simpatizante del régimen de Ortega, y ha comandado y operado acciones de desinformación y vigilancia a través de Telcor de la sociedad civil y la oposición democrática», indica el país europeo.
Luis Ángel Montenegro Espinoza: Es Superintendente de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de Nicaragua (SIBOIF). En ese cargo es responsable de la «persecución de los actores financieros que resistieron las políticas del régimen de Ortega, así como de hacer cumplir el control del régimen sobre el sector financiero».
«Fue designado para ese cargo directamente por Daniel Ortega, como premio a su lealtad. En su cargo anterior como Contralor General de la República, se aseguró de que las actividades financieras corruptas de Ortega no fueran auditadas y contribuyó igualmente al control del régimen por parte de Ortega», menciona.
