El Monitoreo Azul y Blanco, un observatorio independiente que sistematiza las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, reportó un total de 13 denuncias de vulneración a los DD. HH. de los opositores del lunes 10 al domingo 16 de enero de 2022.
Según el informe, en la semana anterior, del lunes 3 al domingo 9 de enero, se registraron 37 incidentes de violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Esta semana hubo un disminución en los casos reportados.
«Durante la semana se registraron dos incidentes en contra de periodistas independientes, así como hostigamientos en contra de personas excarceladas e integrantes de organizaciones políticas», señala el informe semanal de la organización.
Noticia relacionada: «Torturado y en aislamiento total», Cenidh alerta que la vida de Kevin Solís peligra
El documento detalla que recibieron información de «denuncias de golpizas» a los presos políticos encarcelados en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», en Tipitapa.
«Algunos familiares de personas presas políticas reportan que no están recibiendo atención médica oportuna y apropiada dentro de los centros de detención ante síntomas que podrían estar asociados al Covid-19», alerta el Monitoreo Azul y Blanco.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es responsable de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población nicaragüense, concluyó el informe del Grupo Interdisciplinario de Experto Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a finales de 2018.
La CIDH ha documentado ampliamente la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde inicio de 2018. En ese año centenares de jóvenes salieron a protestar ante la inoperancia del régimen para atender el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, luego se manifestaron por la reforma fallida al seguro social. En ese momento el régimen respondió con balas y sofocó las protestas que dejó a más de 350 personas muertas.
El régimen de Nicaragua mantiene tras las rejas a más de 170 personas presas políticas. Sus familiares han denunciado maltrato físico, psicólogico y emocional, además de las condiciones inhumanas e insalubres en las que se encuentran. Los acusan de delitos comunes aunque sus causas tienen ribetes políticos por su participación activa en las protestas, otros fueron acusados bajo las leyes represivas creadas por la dictadura.
