Un grupo de exiliados nicaragüenses en Costa Rica conocieron los alcances de la Ley 1042, Ley especial de ciberdelitos, una herramienta jurídica que aprobó la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para encarcelar a opositores.
El régimen pretende imponer un bozal en las redes sociales e infundir miedo entre los usuarios de las diversas plataformas sociales. El objetivo que persigue la dictadura es que la población no comente ni publique temas de interés nacional o sobre la mala gestión de la pareja dictatorial.
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El Mecanismo de Coordinación de Grupos de Exiliados, un paraguas que reúne a organizaciones de nicaragüenses en Costa En Rica, compartió su análisis sobre las consecuencias y amenazas de la aplicación de la Ley de Ciberdelitos.
«Si el Estado siente que perjudicó a una persona, a una empresa o al mismo Estado, ustedes también los exiliados pueden ser perseguidos por esa ley, encausados y hasta extraditados», dijo uno de los ponentes en condición de anonimato por temor a represalias de parte del régimen Ortega-Murillo.
Dicha ley establece penas de hasta 10 años de prisión de ser encontrado culpable por violarla. Actualmente, un grupo de opositores está detenido y señalado de supuestamente transgredir la ley, los juicios están paralizados y permanecen en prisión a espera que se reanuden los procesos judiciales.
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Todos los acusados de romper la Ley de Ciberdelitos son opositores al régimen y desde sus redes sociales o medios de comunicación denunciaban el actuar de la dictadura, la Policía, paramilitares y afines al régimen. Publicar un tuit, una foto, un video o una opinión los llevó a la cárcel.
A los exiliados les explicaron que, de llegar a ser señalados por la dictadura de violar la Ley de Ciberdelitos, ellos recibirían protección de parte del Estado de Costa Rica por su condición de refugiado o solicitante de refugio.
