En la más reciente lista de sancionados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se encuentra Eniminas, una entidad pública dedicada a la explotación de oro. La Empresa Nicaragüense de Minas fue incluida por contribuir a «oxigenar» a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La administración de Joe Biden especificó que el Gobierno «aumentó su participación en el sector minero, especialmente en la extracción de oro, a través de empresas conjuntas con empresas privadas», lo que le permitió aumentar las ganancias de sus aliados en el sector privado y los ingresos de la empresa para el desarrollo de la exploración y explotación de los recursos mineros.
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«Debido a que Eniminas actúa en nombre del Gobierno de Nicaragua, los funcionarios de Eniminas son, por lo tanto, funcionarios del Gobierno de Nicaragua», argumentó el país norteamericano. En esa línea, decidieron igualmente aplicarle sanciones a Ramón Humberto Calderón Vindell.
Calderón Vindell es un general en retiro de división, expresidente de la junta directiva de la empresa petrolera estatal nicaragüense Petróleos de Nicaragua y presidente de la junta directiva de Eniminas, la empresa de los Ortega-Murillo que opera desde 2017.
Desde su nacimiento, Eniminas estuvo especialmente ligada a la familia dictatorial bajo la idea de crear una empresa que sirviera como fondo del Estado en la explotación de recursos y manejo petrolero en Nicaragua. El proyecto se dio a conocer en 2016, pero fue en 2017 cuando la Asamblea Nacional concretó el desarrollo del mismo, siendo la máxima rectora de toda actividad minera.
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Eniminas ha tenido la facultad de actuar como la entidad socia de nuevas empresas en el negocio de los metales preciosos del país. Se conoce que Eniminas maneja varios fondos del Estado destinados a la promoción de la minería y que esta se alimenta del Presupuesto General de la República.
En 2021, el Fondo de Desarrollo y Promoción Minera abarcó 71.1 millones. Por otra parte, Supervisión Minera recibió 48.1 millones de los impuestos de los ciudadanos nicaragüenses.
Estados Unidos sancionó a delegados de empresas claves para el impulso del régimen como un mensaje clave para castigar a todo lo que implique un sustento para el régimen y su maquinaria parapolicial y paramilitar.
Entre los sancionados se encuentran los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell; el superintendente de Bancos y de Otras Instituciones (SIBOIF), Luis Ángel Montenegro, por ser responsable de la persecución a los agentes financieros que se opusieron al régimen; también, los hijos de la pareja dictatorial Camila y Laureano Ortega; y la directora de Telcor e hija del consuegro de Ortega, Nahima Díaz.