El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, decidió no enviar a ningún funcionario al acto de toma de posesión de Daniel Ortega este lunes, 10 de enero, afirman periodistas mexicanos. La administración de López Obrador habría retrocedido a pocas horas de efectuarse el acto ilegítimo en Nicaragua.
México, que ya había descartado mandar al canciller, Marcelo Ebrard, adjudicó la carga a Martín Borrego Llorente, director general para América Latina de la Cancillería, según medios mexicanos, sin embargo, la decisión cambió nuevamente, en horas de la noche del domingo.
El país azteca justificó su ausencia a una reunión de embajadores y cónsules. «El director de América del Sur de la @SRE_mx, Martín Borrego, iba a ser el representante del @GobiernoMX en la toma de posesión del déspota Daniel Ortega, pero hay cambio de planes. No irá ningún representante. ¡Gran decisión!», publicó el columnista mexicano Raymundo Riva Palacio.
Esta sería la segunda estocada para el régimen Ortega-Murillo por parte de sus países aliados en la región en dejarlo en el abandono durante su investidura. El primero en recular fue Argentina que el sábado, ocho de enero, desmintió a su embajador en Managua, Daniel Capitanich, quien filtró que Alberto Fernández enviaría a una delegación oficial.
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La presencia de un representante de México en la actividad política de Ortega desencadenó las críticas dentro y fuera del país azteca. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), reclamó la tarde del domingo a López Obrador por su decisión de participar en la «entronización del sátrapa de Nicaragua».
«Presidente López Obrador ¿cómo es posible que México avale esta farsa construida sobre la base de una represión brutal?», denunció Vivanco en su perfil en Twitter.
El sandinista Daniel Ortega asumirá su quinto mandato y cuarto consecutivo, en un acto que se celebrará en la Plaza de la Revolución, en Managua, luego de imponerse en unas elecciones en las que no participaron sus rivales políticos porque, en los meses anteriores, las autoridades disolvieron tres partidos políticos y arrestaron a más de 40 dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales, incluida la independiente Cristiana Chamorro, la favorita, según las encuestas.
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En reacción, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que aseguraba que esos comicios carecieron de «legitimidad democrática» y no fueron ni libres, ni justos, ni transparentes.
En tanto Estados Unidos calificó de la elección de «pantomima», y la Unión Europea (UE) de «fake».
