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Proponen una Contraloría Universitaria para combatir la «corrupción» en universidades públicas

La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) propuso una reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior de Nicaragua, que incluiría un nuevo párrafo en el artículo 13 y un nuevo artículo sobre derechos y deberes del estudiante para garantizar que los jóvenes expulsados de las … Continuar leyendo
Por Wilmer Benavides diciembre 23, 2021
Proponen creación de Contraloría Universitaria para combatir la «corrupción» en universidades públicas. Foto: END.

La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) propuso una reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior de Nicaragua, que incluiría un nuevo párrafo en el artículo 13 y un nuevo artículo sobre derechos y deberes del estudiante para garantizar que los jóvenes expulsados de las universidades públicas en el contexto de las protestas de abril 2018, sean reintegrados a sus respectivas casas de estudios.

La iniciativa de reforma busca la creación de una Contraloría Universitaria para ejercer un control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado asignados a las universidades estatales, y que a la vez coordine y rinda cuentas a la Contraloría General de la República (CGR). «Todo con el interés de aportar a la lucha contra la corrupción en las universidades públicas», explica el documento.

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Desde mediados de 2018, año de las protestas sociales y cívicas, al menos 150 estudiantes fueron expulsados de las universidades públicas de Nicaragua por su participación activa en la toma de los recintos universitarios y las manifestaciones en todo el país.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a las casas de estudio que borrara los registros académicos de los alumnos expulsados, lo que suponía que los jóvenes quedarán sin documentos válidos para continuar sus carreras en una universidad privada o en el extranjero.

«El reintegro estudiantil atiende los casos especiales de aquellos estudiantes que hayan tenido una participación directa en los hechos acontecidos en abril 2018, y que, por ejercer el derecho a la movilización, consignado en la Constitución Política de Nicaragua, hayan sido expulsados y expulsadas de sus recintos universitarios», señala la exposición de motivos de la iniciativa de reforma.

Los expulsados son originarios de los departamentos de Managua, León, Chontales, Carazo, Estelí y Matagalpa. La mayoría estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y sus Facultades Regionales, otros cursaban sus carreras en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Agraria (UNA) y la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).

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