Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, se pronunció por la liberación del dirigente campesino y aspirante presidencial Medardo Mairena, encarcelado por el régimen, por segunda vez, el cinco de julio del presente año.
«El arresto de Medardo Mairena, aspirante a candidato presidencial y líder del Movimiento Campesino, muestra a Ortega-Murillo siguiendo el manual ruso de reprimir al pueblo nicaragüense encerrando a sus líderes. Mairena y otros deberían ser liberados», expresó el funcionario este sábado, 18 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos para Latinoamérica y el Caribe se ha sumado a la campaña de los familiares de los reos de conciencia y organizaciones de la sociedad civil que demandan una «Navidad sin presos políticos». La pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, tiene tras las rejas a más de 160 personas, entre precandidatos a la Presidencia de la República, periodistas y defensores de Derechos Humanos.
La noche del cinco de julio, Medardo Mairena fue apresado de forma violenta por la Policía en Managua, en medio de una cacería de opositores, a las puertas de las cuestionadas elecciones generales en el país. Fue el sexto aspirante a la Presidencia de la oposición enviado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote», a cuatro meses para las votaciones.
El único testigo relató que los operadores del régime golpearon el portón, allanaron la vivienda donde se encontraba, llegaron a su cuarto, lo levantaron y sustrajeron del lugar para trasladarlo en una patrulla policial. Esa noche, también encarcelaron a los dirigentes del Movimiento Campesino Pedro Mena y Freddy Navas.
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Al crítico de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo,el Ministerio Púbico lo acusa de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización», según la Ley 1055, normativa que utiliza el régimen para encarcelar a la oposición por «traición a la patria».
