El abogado defensor del preso político Edgard Parrales, Noel Alonzo Cano, interpuso ante el Juzgado Noveno Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua una solicitud para que se le permita de manera urgente asistencia médica y una colonoscopia debido a sus padecimientos crónicos.
Alonzo Cano presentó el escrito pidiendo «la práctica de forma urgente de un examen de colonoscopia recomendado por el médico tratante de mi defendido Edgard Francisco Parrales Castillo, y que su práctica debía hacerse lo antes posible para evitar complicaciones médicas derivadas de una intervención quirúrgica anterior, y que dicho examen se requiere para determinar la realización de intervención quirúrgica en los próximas días».
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El seis de diciembre, el defensor ya había introducido la solicitud del examen por recomendación del médico que trata al exsacerdote, de 79 años, el preso político de mayor edad del régimen de Nicaragua. El escrito solicita que un médico forense examine al exdiplomático para que determine su condición y si puede continuar o no bajo régimen carcelario, «dado su estado de salud que requiere asistencia médica especializada permanente y dieta acorde a su condición médica».
Cano solicita «evitar de forma eficaz que su integridad personal y su vida misma no sufra un menoscabo que desemboque en un final trágico en el presente caso». El exdiplomático es acusado por el régimen del supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua».
El presos político de 79 años tiene padecimientos «graves» desarrollados por cáncer que llevó al opositor a someterse a cirugía. Antes de ser detenido, Parrales tenía programada una «intervención quirúrgica urgente» con su médico tratante, según la información que han brindado sus familiares.
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Parrales fue detenido la tarde del lunes, 22 de noviembre, en las afueras de su vivienda por civiles que se movilizaban en un vehículo Corolla azul oscuro. La detención se dio el mismo día que el exembajador dio entrevista en Canal 10 analizando las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido a operadores del régimen orteguista.
El Ministerio Público realizó el 23 de noviembre una «audiencia secreta» con el propósito de solicitar un período de 90 días para «investigar» al exdiplomático. Su familia ha manifestado la preocupación por su salud, pues es una persona de la tercera edad que necesita las condiciones adecuadas para su estado.
