Por: Voces Unidas
La Comunidad Indígena de Jinotega «Chorotega» denunció la el abuso de poder y la malversación de fondos perpetrados, según ellos, por Miguel Gómez y Noel Altamirano, presidente y vicepresidente respectivamente, de la junta directiva del asentamiento. Estas anomalías llevaron a que se decidiera destituir a ambas personas de su cargo.
El grupo social a través de una asamblea extraordinaria de indígenas realizó la destitución de Gómez y Altamirano, de la junta directiva electa el 13 de abril de 2020 que se encargaría de velar por los intereses de los pueblos indígenas de Jinotega.
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No obstante, líderes comunales afirman que estos dos directivos jamás promovieron acciones en pro de las comunidades ancestrales y más bien son protegidos por la municipalidad sandinista que desconoce las denuncias por malversación de fondos y abusos de poder que, según los líderes, estos han cometido.
El colectivo indígena es un grupo social que se autoidentifica como herederos de la cultura indígena chorotega. Está compuesta por 28 comunidades y de acuerdo al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua son poseedores de un título real que data del año 1723 y que los acredita como legítimos propietarios de 38, 856 manzanas en Jinotega y 7,042 en Santa María de Pantasma.
Aproximadamente unos diez mil indígenas conforman este grupo, que tiene oficinas en la ciudad de Jinotega y en el municipio de Santa María de Pantasma.
Ismael Cano, actual cacique menor y considerado máxima autoridad dentro del Consejo de Ancianos, expresó su descontento por el actuar de Gómez y Altamirano «aquí hay un sin números de cosas, la invasión a sus propias leyes y costumbres, por eso su destitución es legal y completa, la asamblea y la comisión especial, junto con su cacique pueden destituir a la junta directiva si esta no trabaja bien», expresó Cano.
El cacique menor explicó que la decisión se tomó porque »ha habido abuso de poder, ellos se comprometieron a rectificar ante el Consejo de Ancianos y hasta la fecha no han hecho una sola asamblea. Ellos tienen muchos “amarres” con personas ajenas a la comunidad indígena. Los informes financieros deben presentarse, según los estatutos, trimestral, anual y mensual pero no se brinda un solo informe, desde ahí estamos viendo la malversación de fondos» afirmó el líder indígena.
Los más ancianos exigen cambios en la comunidad indígena
Don Gregorio Pérez Hernández de 93 años de edad ha pasado 54 años de su vida trabajando como vigilante de los indígenas, cargo que ha desempeñado sin remuneración por amor a su comunidad y sus tradiciones, desde su parcela en la comunidad el Malecón en Santa María de Pantasma.
A orillas de una quebrada, se emociona al hablar de su trabajo y sobre la situación que atraviesan hoy en día. «Lo que está pasando con esas personas es que solo son ellos y al Consejo de Ancianos lo hacen a un lado. Miguel Gómez y don Noel Altamirano (presidente y vicepresidente actuales), no tienen respeto para nada, ni con nosotros los viejos, yo tengo 54 años de pertenecer a la comunidad indígena y hemos sido los hombres que defendemos nuestros derechos», afirmó el anciano que está de acuerdo en la destitución de la directiva actual, mientras conversa a orillas de la quebrada con una humilde campesina del porqué le cobraron mil quinientos córdobas por medir su parcela, cuando en sus tiempos se hacía gratis.
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Otra veterana miembro de esta agrupación poblacional es Casimira Lagos, con 45 años en la comunidad indígena asegura decididamente que «vamos a seguir en la lucha hasta la muerte», refiriéndose a que no descansarán hasta lograr los cambios que demandan como legítimos dueños de los territorios indígenas.
«Cuando se repartió la tierra del “Charcón”, esas tierras no eran de ellos». La tierra a la que se refiere Lagos es la finca Santa Mónica, cuyo dueño es el exalcalde opositor Reynaldo Chavarría, a quien lo despojaron de sus propiedades en el año 2017 y fue dada a precaristas afines al gobierno.
Según denuncia Lagos, la directiva actual también «premió» con veinticuatro manzanas que pertenecen a la comunidad indígena a miembros de la institución policial de Santa María de Pantasma.
En esta misma sintonía habló otro líder y reconocido miembro de los indígenas. «La policía aquí en Pantasma ha tenido un papel en contra de nosotros, nos ha violado nuestros derechos; se tiene entendido (y tenemos pruebas) que han agarrado dinero de la persona que está usurpando la vicepresidencia» afirmó el líder bajo anonimato por seguridad.
Sancionado alcalde de Jinotega ha recibido terrenos del actual presidente de la comunidad indígena
Líderes indígenas denuncian que la alcaldía de Jinotega no quiere certificar a la nueva directiva debido a supuestas prebendas que ha recibido Leónides Centeno, actual alcalde sandinista y recientemente sancionado por los EEUU.
«Al señor Leónidas Centeno le han dado terrenos, él mismo nos lo dijo en una reunión, porque nosotros lo hemos invitado a varios encuentros. Incluso estuvo presente cuando se dio la destitución de Miguel Gómez, lo tenemos en acta y tenemos pruebas. Lo que tiene que hacer la alcaldía es reconocer lo que nosotros como indígenas hacemos, eso es lo que tiene que hacer y no ha querido hacerlo, Nos solicitaron mil quinientas firmas y entregamos tres mil, pero solo nos han utilizado, siempre ha sido la usurpación», concluyeron los líderes de casta indígena.
Los nuevos directivos electos en la Asamblea de Indígenas fueron Carlos Torrez, presidente, e Ismael Cano, vicepresidente, y son los que realmente representan a la comunidad indígena de Jinotega, según manifestaron los líderes comunitarios.
