Organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas de la represión en Nicaragua rechazan la denuncia a la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentada por el Estado dirigido por Daniel Ortega. Mediante un pronunciamiento señalan que el régimen pretende «desligarse de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».
Las organizaciones firmantes son: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, Fundamedios, Grupo Secuestrados Políticos Unidos, IFEX-ALC, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Nicaragüenses en el Mundo (NEEM), Organización de Víctimas de Abril (OVA), Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) y Urnas Abiertas.
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Las agrupaciones remarcan que la salida de Nicaragua de la OEA aleja cada vez más al país de «encontrar una pronta salida democrática a la grave crisis sociopolítica» que prevalece en la nación, desde el estallido social de abril de 2018.
El 19 de noviembre, Denis Moncada, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, anunció que el Estado que él representa denunciaría la Carta de la OEA y con ello, oficializaron el proceso de salida del organismo, que podría llevar en promedio dos años.
«Instruido por el presidente constitucional de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega y conforme al artículo 67 de la Convención sobre los Derechos de los Tratados, me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la carta de la Organización de los Estados Americanos OEA conforme a su artículo 143 que da inicio al retiro definitivo y denuncia de Nicaragua a esta organización», informó el canciller subordinado a la dictadura de los Ortega-Murillo.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes alegan que el partido de gobierno pretende «fundamentar esta decisión en supuestas solicitudes de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral».
Señalan que el rápido avance de esta iniciativa «es una prueba más de la concentración de poderes que existe en Nicaragua». Esto se debe a que todos los entes estatales carecen de autonomía, pues todas se someten a las órdenes del Ejecutivo, donde el máximo «líder» es Daniel Ortega.
La dictadura nicaragüense escogió ese camino ante el desconocimiento internacional de las elecciones presidenciales del siete de noviembre.
Las organizaciones de víctimas y de derechos humanos sostienen que la decisión del régimen de Nicaragua ha sido tomada «ignorando lo dispuesto en la Constitución de Nicaragua» que establece en su artículo 5 que: “Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente”.
«La decisión representa un retroceso significativo en materia de derechos humanos y eventualmente afectará también otros compromisos que el Estado ha asumido bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana», resaltan.
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Las agrupaciones lamentan la decisión. «A futuro, la denuncia de la Carta de la OEA traerá consigo un mayor aislamiento del gobierno de Nicaragua», remarcan.
Por otra parte, instan a la OEA de manera «urgente» que, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, «realice con prontitud la evaluación colectiva de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa Nicaragua». También le solicitan al organismo utilizar todos los medios a su alcance para restablecer la democracia y el respeto de los derechos humanos en el país centroamericano.
«Exhortamos a los países miembros de la Organización de Estados Americanos a aplicar con eficacia y prontitud todos los mecanismos disponibles para coadyuvar el levantamiento del Estado Policial y el restablecimiento del orden constitucional en Nicaragua», indican las organizaciones firmantes.