La Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia (Jalapa-Oyanka) denunció que la Policía de régimen le confiscó dos propiedades donde tenían instaladas las oficinas y un albergue de la organización. La toma de los inmuebles se registró el 11 de noviembre a las 7:45 p.m. cuando dos miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sin ninguna orden judicial, llegaron al sitio a cambiar las cerraduras de las oficinas.
«Se presentaron dos hombres, custodiados por unos motorizados, vestidos de civil, y cambiaron las cerraduras de la puerta principal de las oficinas de Oyanka, luego llegaron policías a custodiar la propiedad desde afuera», explicó una miembro de la ONG a Confidencial.
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«Nosotros ya teníamos listo un informe en el que estábamos viendo la posible donación, de ambas propiedades, a organizaciones que tuvieran el mismo objetivo de Oyanka, aunque no necesariamente fueran del mismo municipio», agregó.
La misma situación se registró en la segunda propiedad confiscada por la dictadura de Ortega donde funcionaba un albergue, las cerraduras fueron cambiadas y la Policía mantiene presencia en el sitio. La ONG fue una de las decenas de organizaciones despojadas de su personalidad jurídica en una brutal arremetida de la dictadura contra la sociedad civil.
«Los integrantes de Oyanka señalan que el Ministerio de Gobernación (Migob) “no informó nada” sobre la toma de posesión de los bienes inmuebles de la Asociación, pese a que es a la organización a la que le corresponde decidir qué hacer con sus propiedades o bienes con los que cuenta», recoge la nota.
La fuente explicó que esta medida del régimen Ortega-Murillo es «una jugada para quedarse con los bienes, porque la notificación nunca llegó y los argumentos que ellos presentaron para quitarnos la personalidad jurídica nunca existieron»
Una «grave afectación» a las víctimas de violencia
La organización señaló que la decisión de la dictadura de cerrar Oyanka representa una grave afectación a las víctimas de la violencia en Jalapa, Nueva Segovia porque, por 25 años, habían sido un centro de referencia para atender a las mujeres que sufrían violencia y era accesible para todas. La ONG contaba con 50 mujeres asociadas, tenían 36 grupos de mujeres, de entre 20 y 30 integrantes, organizados en distintas comunidades de Jalapa.
La cancelación de los permisos para operar de Oyanka tuvo como fundamento un informe del Departamento de Registro y Control de Asociaciones, en donde indica que la asociación se encontraba «acéfala», debido a que sus juntas directivas tenían plazos vencidos.
Desde la crisis de abril de 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murilo ha cancelado la personalidad jurídica a más de 50 ONG, confiscó sus bienes y los ha obligado al exilio.