Estados Unidos y Reino Unido arrancaron la mañana de este 15 de noviembre sancionando al círculo íntimo del régimen Ortega-Murillo y una de sus instituciones. La Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) fue uno de los primeros en celebrar las sanciones a «los servidores corruptos de la dictadura de (Daniel) Ortega».
La integrante del consejo político de la Unab, Alexa Zamora, expresó que «desde la Unidad Nacional Azul y Blanco recibimos de forma muy positiva las sanciones de parte de Reino Unido y Estados Unidos en contra de los operadores necesarios del régimen como es la Fiscalía, pero también de parte del círculo inmediato de Ortega, personas que han sido señaladas por cometer crímenes de lesa humanidad como alcaldes, comisionados de la Policía y a la señora Rosario Murillo (vicepresidenta de Nicaragua)».
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Zamora celebró estas sanciones como parte de las acciones en conjunto de la comunidad internacional que «ha llevado a cabo, está llevando a cabo y va a llevar a cabo para poder establecer mecanismos de presión en contra de el régimen de Ortega y Murillo». Organismos internacionales habían alertado sobre el incremento de sanciones debido a la realización de «elecciones ilegítimas en Nicaragua».
La periodista nicaragüense María Lilly Delgado también destacó que la sanción al Ministerio Público se debe a que «la Fiscalía solo ha acusado y encarcelado a centenares de opositores del régimen Ortega-Murillo, y que nunca investigó las más 300 muertes desde abril del 2018, incluyendo los asesinatos de Alvarito Conrado y Franco Valdivia».
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El Gobierno de Estados Unidos especificó que cada uno de los funcionarios al servicio de la pareja presidencial incluidos en la lista negra son calificados como delincuentes, lo que incluye negarles la entrada al país norteamericano y congelarles los bienes que tuviesen en el país norteamericano.
Por otra parte, el Ministerio Público se encuentra sancionado por ser responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua, asegura la administración de Joe Biden.
