Con 25 votos a favor, uno en contra, siete abstenciones y un ausente, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobó una resolución en la que declara “ilegítimas las elecciones sin competencia desarrolladas en Nicaragua el siete de noviembre, donde el dictador Daniel Ortega se reeligió para su cuarto mandato consecutivo.
El organismo dice que esas votaciones “no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática”. A su vez, pide instruir al Consejo Permanente de la OEA que evalúe la situación de Nicaragua antes del 30 de noviembre y adopte “acciones apropiadas”.
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El punto cinco de la resolución aprobada, orienta al Consejo Permanente de la OEA realizar una “evaluación colectiva inmediata” de la situación política que vive Nicaragua, en concordancia con la carta del organismo y la Carta Democrática Interamericana, “teniendo en consideración la falta de transparencia de las elecciones que han tenido lugar el siete de noviembre del presente año, además de las infructuosas iniciativas diplomáticas tendientes a proteger los derechos humanos que se han tratado de llevar adelante desde junio de 2018″, detalla el documento.
El Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley General de Presupuesto General de la República correspondiente al año 2022. El ministro Iván Acosta informó que proyectan 91,542.5 millones de córdobas en ingresos totales y 91, 802.2 millones de córdobas en egresos, lo que, según Acosta, es un “presupuesto equilibrado”.
Entre las instituciones que se les aumentó la partida están el Ejército y Policía, considerabas brazos represores del régimen. Entre ambas recibirán más de 600 millones de córdobas. El jefe de la Policía y consuegro de Ortega, Francisco Díaz, ha destacado, en ocasiones anteriores, que el régimen les “ha aumentado entre cuatro a cinco veces el presupuesto, durante los últimos cinco años”, entre otros beneficios.
Los Ortega-Murillo junto al sancionado jefe del Ejército, Julio César Avilés
La dictadura Ortega-Murillo intenta aniquilar los liderazgos opositores del extinto partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) en Río San Juan. La organización denunció en su sitio web que cuatro dirigentes de su agrupación fueron detenidos entre el 30 de octubre y seis de noviembre, al tiempo que otros dos líderes han tenido que salir forzosamente del país para resguardar sus vidas.
El excandidato a la Presidencia por el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), reverendo Guillermo Osorno, aseguró a Artículo 66 que su agrupación política está “valorando” la posibilidad de no tomar la diputación departamental por Managua asignada por el Consejo Supremo Electoral (CSE). Sin embargo, una fuente ligada al sector evangélico ventiló a este medio que ese escaño ya fue traspasado al Partido Liberal Independiente (PLI).
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Luego de las votaciones de Daniel Ortega, el reverendo denunció las irregularidades del proceso electoral. Un día después, Osorno fue notificado que el Canal 21, el cual dirige, no podrá operar en señal abierta, mientras a Radio Nexo, también le fue cancelada la frecuencia.
Dos días antes de las cuestionadas elecciones de Daniel Ortega, la Policía del régimen allanó la empresa Mercaplan, una sociedad de capital hondureño del que se desconoce el contratante, que realizaba una encuesta en Nicaragua sobre la intención de voto.
Según el medio Confidencial, la encuestadora preguntaba a los ciudadanos si participarían en las votaciones y el nivel de confianza que tenían en el proceso.
La Policía decomisó las computadoras portátiles de los trabajadores y varios fueron citados al Complejo policial conocido como “El Nuevo Chipote”, donde los cuestionaron sobre su salario y las obligaciones dentro de la empresa, además les advirtieron que podrían ser llamados otra vez.
César Zamora junto a Laureano Ortega, hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Foto: Medios Oficialistas
Con la llegada de César Zamora a la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) llegaron los despidos. Fuentes empresariales confirmaron a Artículo 66 que al menos una docena de trabajadores de la patronal fueron cesanteados.
La patronal justificó el acto aduciendo «problemas económicos» en la organización. César Zamora es conocido por defender el vínculo entre la empresa privada y el régimen de Daniel Ortega. El empresario asumió el cargo, luego que la dictadura ordenara el encarcelamiento de quienes eran los principales líderes del Cosep, Michael Healy y Álvaro Vargas.
