Tras las votaciones presidenciales de Daniel Ortega, el Movimiento Campesino Anticanal demandó a la comunidad internacional la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americano (OEA) a la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo por el «arbitrario proceso» realizado el domingo, siete de noviembre, donde la pareja presidencial selló un cuarto periodo en el poder.
La organización considera que el matrimonio presidencial realizó las votaciones con la «clara intención de perpetuarse en el poder, violando todos los acuerdos internacionales, irrespetando la voluntad popular y provocando el menoscabo institucional».
Noticia relacionada: CSE aumenta «votos» para Daniel Ortega y le receta 75 diputaciones
«Exigimos a la Organización de Estados Americanos se aplique todos los mecanismos necesarios para asegurar el retorno a la democracia al pueblo nicaragüense, asumiendo un rol más beligerante y firme ante la dictadura que se perpetúa en el poder», destacan
El campesinado solicitó a los países del mundo el «desconocimiento del gobierno ilegítimo de Nicaragua dada la farsa y grotesca maniobra electoral llevada a cabo por el régimen Ortega Murillo».
«Demandamos y exigimos la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos el cese de la represión y el cese de amenazas hacia las familias campesinas y todo el que se opone al régimen Ortega Murillo», demandan.
«Exigimos a las instituciones financieras internacionales retirar el apoyo económico a la Policía y el Ejército entidades estatales que han cometido violación de Derechos Humanos a la población nicaragüense», añaden.
Noticia relacionada: Rosario Murillo intenta hacer creer que hubo un alto nivel de «participación» en sus votaciones
El Movimiento Campesino también demandó la creación de una Comisión Internacional Independiente Contra la Impunidad, para que realice una investigación de todos los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y garantizar el acceso a la justicia al pueblo nicaragüense.
El Consejo Supremo Electoral (CSE), al servicio del régimen, asignó a la pareja dictatorial el 75.92 % de los votos válidos y los ungió por cinco años más en la silla presidencial de Nicaragua. Estos resultados no son reconocidos por más de una treintena de países que consideran el proceso electoral como «ilegítimo».