Este domingo, siete de noviembre, fueron llamados a las urnas más de 4,4 millones de ciudadanos nicaragüenses, con una gran afluencia de policías y miembros del Ejército en las Juntas Receptoras de Voto (JRV). Los convocados ni siquiera conocen los partidos políticos que corren en estas votaciones ni a los candidatos que se encuentran participando.
Los nicaragüenses que asistan a las urnas deberán escoger a sus representantes en la Presidencia de la República y a diputados ante la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano (Parlacen). En estas cuestionadas elecciones participa la alianza electoral de Daniel Ortega, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Liberal Independiente (PLI), la Alianza por la República (Apre), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y en las regiones autónomas, el partido Yatama será una de las opciones. Pero, los ciudadanos que hacían fila para votar y fueron consultados esta mañana por el equipo de Artículo 66 demostraron que muchos desconoces las condiciones de estas votaciones en Nicaragua.
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La Policía se desplegó desde horas tempranas del seis de noviembre en centros comerciales, carreteras, barrios y todos los lugares en donde pudiera registrarse un amotinamiento, pero la misma institución violó la Ley Electoral al autorizar la venta de licor, según interpretación de los comercios, cuando se había establecido «ley seca». La Ley Electoral establecía en su artículo 120 que el día de las votaciones será prohibida «la venta y distribución de bebidas alcohólicas».
El Poder Ejecutivo designó a 15,000 efectivos del Ejército de Nicaragua y 16,665 agentes de la Policía Nacional, quienes se encontraban desde horas tempranas, tanto dentro como fuera de los centros de votación, esto para «resguardar la seguridad», afirmó el régimen Ortega-Murillo.
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El Consejo Supremo Electoral (CSE) habilitó 13 mil 459 JRV en 3 mil 106 Centros de Votación (CV) en 153 municipios del país. Estos centros abrieron sus puertas a las siete de la mañana y se estima que cierren a las cinco de la tarde, en caso que no haya nadie haciendo fila. Las autoridades electorales, que cuentan con un presupuesto equivalente a 21,8 millones de dólares para organizar las elecciones, tardaron seis días en distribuir unas 5,3 millones de boletas en los 15 departamentos y dos regiones autónomas del Caribe para estas votaciones en Nicaragua.
Aunque oficialmente el padrón electoral está calculado en 4,4 millones de nicaragüenses, en días recientes el Poder Electoral anunció que admitirá votantes con sus cédulas vencidas, lo que, según medios oficialistas esto podría elevar a 4,87 millones el universo de votantes para este siete de noviembre.
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Daniel Ortega selló su octava candidatura a la Presidencia de Nicaragua para las elecciones generales de 2021. En medio de un ambiente de represión, hostigamiento, persecución y cárcel, junto a Rosario Murillo -su esposa y vicepresidenta- eliminó a la oposición y se ubicó como el único candidato con posibilidad de ganar el siete de noviembre.
Estas votaciones son catalogadas por Estados Unidos y la Unión Europea como «fraudulentas» e «ilegítimas» por el encarcelamiento de siete candidatos presidenciales, líderes de oposición, estudiantes, campesinos, empresarios, defensores de derechos humanos, ex diplomáticos y periodistas. Todos son acusados de «traición a la patria».
