CIDH otorga medidas cautelares al obispo Abelardo Mata

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este viernes medidas cautelares —a través de la Resolución 87/21— al obispo emérito de la Diócesis de Estelí, Juan Abelardo Mata, y a otras nueve personas más junto a sus núcleos familiares, tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua.

«La CIDH valoró las condiciones en las que se encuentran las personas beneficiarias que son identificadas o percibidas como oposición política, debido a la actuación crítica que tendrían frente a las acciones impulsadas por el actual gobierno», expone el documento.

Entre junio de 2020 y julio de 2021, la CIDH recibió 8 solicitudes de medidas cautelares presentadas por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y por Jeffer Joaquín Chavarría Alonso para proteger los derechos a la vida e integridad personal.

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«Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que las personas identificadas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable», manifiesta la resolución.

La #CIDH otorga medidas cautelares a favor de Danelia Valenzuela Castro y otras 10 personas, así como a sus núcleos familiares en #Nicaragua. #DerechosHumanos

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— CIDH – IACHR (@CIDH) November 5, 2021

Los beneficiados

El obispo Mata, de 75 años, expuso su renuncia el 6 de julio de este año ante el Vaticano, el cual aceptó y en su lugar nombró a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, como administrador apostólico de la Diócesis de Estelí.

«Se indica en la solicitud que es víctima de hostigamientos y amenazas dado su posición en la Iglesia Católica y en razón a las declaraciones emitidas por él manifestándose en contra del gobierno actual de Nicaragua», se lee en el documento, quien señala que el obispo recibió amenazas de muerte.

Las demás personas beneficiadas con medidas cautelares son:

-Danelia Valenzuela Castro, en el municipio de Quilalí, departamento de Nueva Segovia. «Recibió mensajes amenazantes a través de redes sociales, donde le decían: ‘Sinvergüenza, delincuente, agitadora del pueblo, están atentando contra la paz, los vamos a echar presos’. La Policía y personal de la Alcaldía de Quilalí le tomaban fotografías y videos en los diferentes espacios donde ella se movilizaba. En noviembre de 2018, agentes paraestatales la amenazaron marcando la palabra ‘plomo’ en su casa de habitación, así como que pasaban por su vivienda gritándole improperios y amenazas, por lo que se vio obligada abandonar su casa nuevamente», expone la resolución.ç-

-Marcos Arturo Herrera Beltrán es profesor de ocupación, administra una farmacia con su esposa y es miembro del clero de la Iglesia Católica, en el cargo de Diácono, bajo las órdenes del Obispo Juan Abelardo Mata Guevara, de la Diócesis de Estelí.

-Nolvia María Rodríguez Cerrato, integrante fundadora de la Alianza Cívica Capítulo Nueva Segovia.

-Luis Miguel Marchena Bográn, integrante fundador de la Alianza Cívica Capítulo Nueva Segovia.

– Jaime Isabel Maradiaga Maradiaga, concejal por el partido político Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) en la municipalidad de Santa María de Las Segovia

– Mayling Mariela Naira Moncada, del municipio de Santa María en Nueva Segovia, donde se desempeña como maestra de primaria.

-Mathil Alexander Pérez Amador, del municipio de Estelí, departamento de Estelí. Su profesión es abogado y notario público. Actualmente es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) a nivel nacional y coordinador departamental de la Unidad Nacional Azul y Blanco para el departamento de Estelí.

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-Róger Alexander Espinoza Méndez, exreo político del municipio de Tipitapa, departamento de Managua. Es coordinador general del Grupo de Reflexión de Excarcelados (GREX), que actúa en favor de los denominados presos políticos en Nicaragua.

-Joel Noé Blandón Villagra, del municipio de Pantasma, departamento de Jinotega, donde ejerció su profesión de docente. Se señala que el señor Blandón Villagra proviene de una familia históricamente opositora al FSLN (partido del Gobierno).

Las recomendaciones de la CIDH

Por consiguiente, se solicita a Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas identificadas. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de la beneficiaria, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos
por el derecho internacional de los derechos humanos y con la incorporación de una perspectiva de género.

b) Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes.

c) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

«La Comisión solicita al Estado de Nicaragua que informe, dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica».