En la presentación del informe «Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, explicó que el documento aborda la grave crisis política social y derechos humanos en Nicaragua en un contexto de completo debilitamiento del Estado de derecho y, consecuentemente, del progresivo deterioro en materia de derechos humanos especialmente de cara a las cuestionadas elecciones del próximo siete de noviembre. Ortega busca su cuarto mandato consecutivo.
«La concentración del poder por parte del Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial de facto, el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión, a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalados por los demás poderes del Estado en concertación con las instituciones de control», afirmó Urrejola.
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El escrito asegura que no existe en el país un sistema de pesos y contrapesos porque todas las instituciones «responden a las intenciones del Ejecutivo». La presidenta de la CIDH dijo que la Comisión constató en los últimos meses la intensificación de la represión a través de un conjunto de acciones, entre ellas, la detención arbitraria y la criminalización de más de 30 personas bajo «cargos infundados, sin las debidas garantías judiciales».
Urrejola mencionó que entre los detenidos hay siete precandidatos a la Presidencia, los cuales permanecen privados de la libertad y algunos de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte-IDH.
«Durante este año la Comisión ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría personas defensoras, líderes de opinión, opositores al gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, campesinos, estudiantiles, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales».
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El informe da cuenta de la cancelación de la personalidad jurídica de tres partidos políticos, el hostigamiento a las organizaciones civiles y derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático de la prensa independiente.
«Con estas acciones el gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan a garantías mínimas de libertad, acceso a la información transparencia y pluralidad en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural. Desde las más altas autoridades del Estado persiste una narrativa tendiente a negar las violaciones a los derechos humanos y estigmatizar a las víctimas», afirmó.
A cinco días de las elecciones en Nicaragua «es imposible el despliegue de medidas que aseguren la realización de elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas en el país».