La vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, defendió los próximos comicios de Daniel Ortega ante los señalamientos de la comunidad internacional que ha dicho que las votaciones del siete de noviembre serán «una farsa electoral». Murillo pidió «respeto a los procesos de defensa de la autodeterminación y dignidad nacional», defendiendo el «proceso» en el que ella busca seguir como «copresidenta» al lado de su marido.
Murillo, en su discurso gastado sobre el injerencismo, aseguró que las acciones de otros países «solo han traído dolor, muerte y sufrimiento» al país y solicitó que respeten, lo que llamó «procesos de bien común». «Respeten la bandera, respeten nuestros caminos y respeten nuestros eventos propios», remarcó la vocera del régimen.
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Los próximos comicios se desarrollarán en medio de la detención arbitraria de más de 150 líderes opositores, empresariales, campesinos, estudiantes, activistas y profesionales independientes, incluido siete aspirantes presidencial que querían disputarle el poder en las urnas con Ortega. Además, el régimen arrebató la personalidad jurídica a tres partidos políticos opositores y ordenó la ilegalización de más de 50 Organizaciones No Gubernamentales.
Estas votaciones has sido cuestionadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como por la oposición nicaragüense excluida de la competencia. La comunidad internacional demandó elecciones transparentes y con observación, pero el régimen ignoró los llamados legales de los países.
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Recientemente, los países de Costa Rica, República Dominicana y Panamá se pronunciaron ante la crisis sociopolítica que prevalece en Nicaragua y señalaron que las eventuales elecciones presidenciales del siete de noviembre «no reúnen las garantías para elecciones libres, justas, inclusivas y transparentes».
La pareja presidencial en lugar de alinearse a las leyes internacionales se a dedicado a atacar a los opositores y cualquier país que denuncie la situación de Nicaragua es catalogado de «injerencista» por el régimen y sus seguidores.
