La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) la ampliación de las medidas provisionales para 15 presos políticos electorales que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mandó a encarcelar desde mayo de 2021. La petición incluye el núcleo familiar de los detenidos. La CIDH considera que los reos de conciencia y su familia «se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos en Nicaragua».
Con ello, pretenden que el régimen de Managua adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger de manera efectiva la vida, integridad, salud y libertad personal de las 15 personas y sus núcleos familiares. Además de liberar a quienes se encuentran bajo prisión preventiva.
«Pese reiteradas solicitudes de la CIDH para obtener información del Estado, no se recibió respuesta que indique que se adoptaron medidas de protección para atender la situación de riesgo, lo cual es especialmente preocupante, debido a que recientemente 14 de estas personas permanecieron incomunicadas, en prisión preventiva o arresto domiciliario», señala el comunicado de la CIDH en su sitio web.
El organismo destaca que los presos políticos son reconocidos opositores en Nicaragua y miembros de diversos sectores de la sociedad civil. «Han buscado impulsar que las elecciones generales de noviembre de 2021 sean democráticas; y que se garanticen los derechos humanos», apunta el comunicado.
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La solicitud del organismo regional incluye a los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo José Cruz Sequeira y Miguel Mora; a miembros del partido político Unión Democrática Renovadora: Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Hugo Torres Jiménez, Víctor Hugo Tinoco; y al líder político de la Coalición Nacional, José Bernard Pallais Arana. El listado lo completan Pedro Joaquín Chamorro, Walter Antonio Gómez Silva, Marco Antonio Fletes Casco, Lourdes Arróliga, Pedro Vásquez y Luis Alberto Rivas Anduray.
«La Comisión considera que sus derechos se encuentran en una situación de riesgo extremo y que las personas identificadas están expuestas a ser objeto de inminentes actos de violencia, así como quienes integran sus núcleos de familiares, por posibles represalias y las acciones que realicen para demandar justicia por el actuar del Estado», apunta la CIDH.
Al 29 de octubre de 2021, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acumula un total de 159 personas presas políticas desde el contexto de abril 2018, incluyendo los 10 detenidos por el caso del 19 de Julio de 2014. Todos los reos de conciencia sufren torturas y malos tratos, lo que ha provocado un deterioro en su salud física y emocional.
El informe denuncia que las personas presas políticas suelen presentar pérdida de peso por la inadecuada alimentación y los estados de estrés. «En El Chipote (Dirección de Auxilio Judicial en Managua) donde las raciones de comida son limitadas y de baja carga nutricional, las personas han perdido entre 15 y 50 libras en tres meses. En ocasiones han expresado que padecen hambre», explica el documento.