Para el defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce, la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario arrebató al pueblo el derecho de elegir a sus autoridades a través de un proceso electoral libre, justo y transparente porque «no hay garantías mínimas» que aseguren que el voto de la ciudadanía sea respetado.
«En Nicaragua no habrá elecciones porque no hay garantías mínimas. No puede haber un proceso electoral en dictadura y con los criminales en la boleta electoral. No puede haber un proceso electoral con más de 100 mil exiliados en todas partes del mundo y sin garantías mínimas, y eso no solo lo dice el Colectivo; sino instancias internacionales», dijo Arce en conferencia de prensa.
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Cuando Arce señala que «no puede haber un proceso electoral con los criminales en la boleta electoral» se refiere al eterno candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, actual dictador de Nicaragua y señalado de perpetrar crímenes de lesa humanidad contra el pueblo que protesta desde abril 2018 por la inacción del régimen sandinista ante el incendio en la Reserva Indio Maíz y las reformas fallidas al seguro social.
Igualmente, hace alusión a Rosario Murillo, esposa de Ortega, vicepresidenta y vocera gubernamental del régimen. A ella también la responsabilizan por los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese contexto.
Nicaragua está sumida en una crisis social, política, económica y sanitaria que no tiene miras a terminar pronto y expertos han señalado que la situación podría acentuarse después de las elecciones. Foto: Presidencia.
Claudia Vargas, oficial de programas de Fundación Arias, considera que para el proceso electoral de este siete de noviembre «los dados están cargados y la suerte está echada», además, manifestó que el proceso es ilegítimo por una serie de acciones que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo emprendió contra la oposición para eliminarla de las votaciones que fueron catalogadas como una «farsa electoral» por diversos grupos críticos a la dictadura sandinista.
«El proceso es ilegítimo, se ha venido documentando desde el inicio que (Ortega y Murillo) se negaron a hacer las reformas electorales, encarcelan a sus candidatos, no hay ninguna opción para el pueblo y le van cerrando las puertas, es un proceso ilegítimo. Las últimas encuestas también afirman que la población se siente desamparada, no tiene opciones de lucha, de manifestación», subrayó Vargas.
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«Nosotros desde Costa Rica estamos apoyando, también, el derecho que tiene la gente a seguirse manifestando y seguir protestando, ya que en Nicaragua no se puede hacer. Apoyamos también todas las iniciativas que tienen que ver con la denuncia de este proceso ilegítimo, con denunciar las arbitrariedades», añadió.
A dos semanas para las elecciones nacionales, Nicaragua está sumida en una crisis social, política, económica y sanitaria que no tiene miras a terminar pronto y expertos han señalado que la situación podría acentuarse después de las elecciones. En el proceso electoral del siete de noviembre los nicaragüenses deberían elegir al presidente, diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano, pero Ortega sepultó la posibilidad de poder escoger y escogió quien lo acompaña en la boleta electoral.
