El director para las Américas de la organización de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, cuestionó y catalogó como «lamentable» la decisión de Argentina al abstenerse de votar a favor de la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ejercer presión al régimen de Daniel Ortega exigiéndole que libere a los presos políticos que mantiene en sus celdas y que garantice elecciones observadas y creíbles.
La resolución fue aprobada el miércoles, 20 de octubre, por 26 países miembros de la OEA. Otros siete, entre ellos México, Guatemala y Argentina, se abstuvieron. Ante esto, Vivanco reaccionó por medio de un tuit expresando que «es lamentable que Argentina no haya apoyado una resolución de la OEA contra la represión en Nicaragua».
Además, cuestionó esta decisión afirmando que «durante su historia democrática, Argentina normalmente ha tenido una posición clara de defensa a los DD. HH. La política exterior zigzagueante del actual gobierno (de Alberto Fernández) es preocupante». El defensor de derechos humanos se ha mantenido vigilante ante la situación de Nicaragua, demandando libertad para los más de 150 rehenes de la dictadura y solicitando más acciones de parte de la comunidad internacional.
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La OEA exigió al régimen de Nicaragua elecciones libres, con observación internacional y la liberación de los presos políticos. Estados Unidos, Uruguay , Paraguay, Costa Rica y otros países miembros de la organización han declarado que las elecciones de noviembre en Nicaragua «han perdido toda credibilidad», pues el régimen de Ortega ha excluido a los partidos políticos opositores en el proceso electoral y ha desencadenado una dura represión en contra de opositores y precandidatos a la Presidencia respondiendo con cárcel a quienes denuncian los atropellos a los derechos humanos en el país.
Mientras Ortega continúa reprimiendo y apresando, la presión internacional aumenta. Recientemente, la Unión Europea impuso sanciones a la vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, junto a otros siete ejecutores de la dictadura acusados de violaciones a los derechos humanos y de atentar contra la democracia en Nicaragua.
