La dictadura de Daniel Ortega amplió a 90 días el plazo de investigación para los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). La audiencia de garantías constitucionales se realizó en tiempo récord, horas después de haberlos detenido arbitrariamente la mañana de este 21 de octubre, día en que fueron citados a «entrevista» a la Fiscalía.
A los nuevos presos políticos los «investigarán» por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos; y «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» por violar la Ley 1055, Ley de Soberanía.
«Las audiencias especiales de cumplimiento de garantías constitucionales se llevaron a cabo hoy mismo (jueves, 21 de octubre) y las solicitudes fueron admitidas por las correspondientes autoridades judiciales, quienes dictaron detención judicial por 90 días para cada investigación», señala el comunicado 80-2021 de la Fiscalía orteguista sobre los presos políticos Michael Healy y Álvaro Vargas.
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El Cosep condenó las detenciones «arbitrarias e ilegales» de su presidente, Michael Healy, y su vicepresidente, Álvaro Vargas. A Healy le reprogramaron la cita y posteriormente lo arrestaron. Mientras que a Vargas ni siquiera lo dejaron llegar al Ministerio Público y decidieron arrestarlo en su casa este mismo día.
La patronal dijo que los recientes hechos «no contribuyen a la paz y a la seguridad que todos los ciudadanos anhelamos y tenemos derechos conforme a nuestra Constitución Política y conforme a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por Nicaragua».
A los nuevos presos políticos los señalan, además, de pedir intervenciones militares. La Policía al servicio del régimen añadió que «remitirá a los investigados a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales» y este mismo día fueron presentados ante un juez.