Los datos presentados por el Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGBT en Nicaragua revelan que durante el periodo de enero a septiembre de 2021 en el país se registraron 57 agresiones contra lesbianas, gais, bisexuales o transgéneros, que incluye un asesinato o crimen de odio y dos suicidios de personas pertenecientes a ese colectivo.
Las personas afectadas en su mayoría fueron mujeres trans, que engloban a 23 víctimas de agresiones. Después, ubican 11 acciones violentas contra homosexuales, seis a lesbianas y dos contra hombres bisexuales. El lugar donde ocurrieron más situaciones de odio hacia la comunidad fue en Managua con 32 casos de los 57 registrados por la organización.
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Entre los mayores agresores de estos ciudadanos se denuncia a la Policía Nacional, Juventud Sandinista, simpatizantes y secretarios
políticos del gobierno de Daniel Ortega. También se reportan situaciones de violencia en redes sociales de parte de conocidos y desconocidos de las personas LGBTIQ+.
«Asedio y persecución en domicilios, toma de fotografías e interrogatorios por parte de policías al salir de actividades, encarcelamiento por razones políticas, mujeres trans encarceladas en prisiones para hombres, tortura psicológica y física contra mujeres trans en sistema penitenciario y discursos de odio», denuncia el observatorio entre las agresiones.
Además se presentaron casos de discriminación y violencia hacia sus derechos humanos en instituciones negándose a realizarles donación
de sangre bajo el prejuicio de su orientación sexual. Denuncian la postergación de cita médica y negación de identidad a mujer trans en un centro de salud, retención injustificada en estación policial y expulsión de colegio público por transfobia.
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El observatorio destaca que desde la crisis sociopolítica de 2018 «la represión, el recrudecimiento de los fundamentalismos religiosos, el exilio forzado, el desempleo y la pobreza, colocan a lesbianas, homosexuales y personas trans en una situación de mayor vulnerabilidad». Demandan el respeto a sus derechos humanos de parte de los ciudadanos y principalmente de las instituciones que se supone deberían proteger su integridad.
