El Consejo Supremo Electoral (CSE), subordinado al partido de Gobierno de Nicaragua, presenta bajos niveles en la ejecución de lo programado para 2021, a pocas semanas de las eventuales elecciones presidenciales previstas para el siete de noviembre de 2021.
Según el Programa Anual de Contrataciones del Estado (PAC), al 13 de octubre del año en curso, ese Poder del Estado ha ejecutado apenas el 34 por ciento de lo planificado, 44 de 130. Las cifras podrían indicar la ineficiencia del CSE, o bien, el ocultamiento de la información, la corrupción o el abuso de los recursos públicos, en caso de no transparentar los contratos, manifestó un experto en contrataciones públicas.
Explicó, bajo anonimato, que el CSE presenta «serios problemas de planificación», posiblemente por la falta de capacidades en el personal, pero también anota las irregularidades en los procedimientos.
De los 44 procedimientos de adquisiciones ejecutados, el 41 por ciento (18) corresponden a contrataciones simplificadas, sin licitación, «utilizando ilegalmente la causal de emergencia del artículo 58 de la Ley 737, Ley de Contrataciones»; y las subdivisiones de compras.
«Es prohibido subdividir. Trata de encubrir irregularidades, tráfico de influencias. Una parte (del dinero) podría quedarle a él (CSE) y la otra parte queda de “coima”», ejemplificó.
Para el proceso de verificación ciudadana, realizado el 24 y 25 de julio, los magistrados electorales compraron materiales, formatos y equipos, a través de procedimientos que duraron menos de tres días.
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A ello se suma el abastecimiento de misceláneos- chocolates y confites- realizado en los meses de febrero, mayo y agosto, a través de contrataciones menores y simplificada por un monto total de 5,979,644.23 córdobas. «Se compró mucho café, azúcar, gran cantidad de ciertos productos y se subdividió. Es ilegal. Violentando la libre competencia», indicó.
El Poder Electoral también aprovechó la contratación simplificada, alegando emergencia, para adquirir una camioneta Land Cruiser Prado automática de 2022 con disponibilidad inmediata, por un monto superior a los 74 mil dólares. Esta compra se adjudicó de un día para otro a Autonica, el nueve de junio.
Entonces, «estos problemas de planificación de las adquisiciones es ¿adrede o no?», cuestionó.
Impresión de boletas electorales, en la mira
El 14 de octubre, el CSE aprobó la boleta electoral para las eventuales elecciones presidenciales, la que recibió el «visto bueno» del partido de Gobierno, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y otros cinco partidos políticos calificados de «zancudos» o colaboracionistas.
Hasta el momento, los magistrados electorales no han transparentado qué empresa imprimirá las boletas, ni el monto que los nicaragüenses pagan, ni las especificaciones de las boletas, ni las condiciones de entrega.
Para las elecciones generales de 2016, el CSE imprimió el material en la empresa Artes Digitales, S.A. (Ardisa), propiedad del cerrado El Nuevo Diario. En los comicios regionales de 2010, la institución pagó a la imprenta Inversiones papeletas, S.A. (Inpasa), ligada supuestamente a la familia presidencial, según el diario La Prensa.
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En el PAC de 2018 fue el único año que se planificó esta compra por 7,469,000 córdobas a través de contratación simplificada, planificada a efectuarse en diciembre, a las puertas de las elecciones regionales en 2019.
«¿Quién es el ganador en esto, estaremos pagando un sobreprecio? ¿Acaso el CSE está negociando directamente con los proveedores y quiénes son los proveedores?», pregunta el experto.
