La periodista y pareja sentimental del cronista deportivo Miguel Mendoza, Margin Pozo, expuso recientemente las violaciones a los derechos humanos que padece el también preso político del régimen de Nicaragua. Entre ellas, destacó el impedimento de parte de las autoridades para que el rehén de la dictadura pueda ver a su hija de siete años.
Mendoza fue arrestado el 21 de junio de 2021 y desde ese día permanece cautivo en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, conocida como «El Nuevo Chipote». La Fiscalía al servicio de los Ortega-Murillo lo acusa de supuesta «traición a la patria» amparándose en su represiva Ley 1050 o Ley de Soberanía.
Noticia relacionada: Fiscalía ofrece mensajes en redes sociales como «pruebas» contra Miguel Mendoza
El comentarista, quien usaba sus redes sociales para denunciar los atropellos de la administración de turno, ha pedido que al menos le permitan comunicarse con su hija. En la segunda visita que recibió en casi 120 días de prisión, Pozo le dijo que la menor pidió «como regalo de Navidad a Dios ver a su papa». «Tenía un apego cercano con su hija, pues eran pocas las veces que se separaban», explicó la periodista, al mismo tiempo que aseguró que ha tenido que acudir a atención psicológica con la pequeña para que sobrelleve la ausencia de Mendoza.
Esta negativa de los judiciales de no autorizar la visita de la hija de Mendoza no tiene asidero legal, explica el abogado, Maynor Curtis, defensor del cronista, considerado uno de los presos políticos electorales.
Curtis asegura que en ningún proceso penal o sentencia se restringen las visitas familiares, incluyendo las de menores de edad, siempre y cuando no represente un peligro para ellos como enfermedades o riesgos físicos. El Gobierno advirtió a los familiares de los presos políticos que no podían llevar a menores a verlos. Sin embargo, el abogado recalca que no existe ningún impedimento legal para prohibir el acceso a la menor.
El experto señala que, aunque la visita se daría en medio de la pandemia, a su criterio no ve riesgos grandes para la menor, pues si se utilizan las medidas de bioseguridad hay menos probabilidades de contagio, más aún cuando se trata de niños, pues en estos casos reflejan mayores defensas ante el virus.
Al ser consultado si existe algún impedimento jurídico para que un reo no reciba la visita de un hijo menor de edad, el abogado respondió que «no hay un reglamento que niegue o apruebe la entrada de ellos. Sin embargo, el artículo 32 de la Constitución dice: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe”, por lo tanto no se necesita una ley que diga que menores pueden entrar a hacer visitas».
Alejandra, de siete años, según el experto tiene todo el derecho de comunicarse con su padre, y las autoridades deben tomar en cuenta que aún cuando una persona es culpable el delito no afecta a sus familiares. En el caso de Mendoza, ni siquiera tiene un juicio como tal, por lo que debería de gozar en pleno del derecho. Curtis afirma que el aislamiento es severo, pues hasta el día de visita muchos reos se enteraron de noticias trágicas como el fallecimiento de sus familiares, por lo que la falta de contacto forma parte de un castigo.
El abogado manifestó que es posible solicitar al juez la visita de la menor. «Normalmente las visitas se realizan cada quince días y en estaciones policiales hasta dos veces por semana», dijo Curtis, quien calificó de incorrecta la medida porque el proceso que viven los reos políticos es de investigación.