El dictador Daniel Ortega decidió otorgarle la ciudadanía nicaragüense a la doctora rusa Elena Petrovna Nacharova, una médico que labora en el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, la planta rusa construida en Nicaragua. Este es la segunda doctora con ese origen que recibe el beneplácito del régimen de Nicaragua de recibir la doble nacionalidad.
La resolución No. 3287 de la Dirección General de Migración y Extranjería explica que la nueva ciudadana nicaragüense, la doctora rusa Elena Petrovna Nacharova tiene 45 años, es doctora en medicina, soltera y nació el cinco de agosto de 1976 en Irkust, Federación de Rusia.
«La ciudadana Elena Petrovna Nacharova ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en las leyes para adquirir la nacionalidad nicaragüense tomando en cuenta su permanencia continua en el territorio nacional y laborar en el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov», señala la nota oficial de Migración.
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El 16 de agosto, el director de la planta de vacuna Mechnikov, Viktor Pavlovich Trukhin, originario de la Federación Rusa recibió la nacionalidad nicaragüense por haber «cumplido las formalidades» para dicho beneficio y por sus contribuciones al «desarrollo científico y tecnológico» del pueblo nicaragüense.
Viktor Pavlovich Trukhin se estableció en Nicaragua a finales de 2016 cuando asumió la dirección de la planta rusa de vacunas tras la salida de Vitalii Granovski, antiguo director del laboratorio Mechnikov.
La vicedictadora Rosario Murillo auguró, en 2016, que la planta de vacunas sería el «laboratorio de Centroamérica» para la producción y distribución de vacunas. Sus palabras no se cumplieron y al igual que otros proyectos, como Tumarín o la refinería, solo quedaron en sus sueños y promesas. La construcción de Mechnikov tuvo un costo de más de 30 millones de dólares, según investigaciones del diario La Prensa.
El régimen Ortega-Murillo también ha «regalado» la nacionalidad nicaragüense a los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos prófugos de la justicia y con causas pendientes en su país. Estos dos casos, señalan juristas, violan el debido proceso y se saltan todos los pasos estipulados en la ley.