La dictadura de Daniel Ortega destituyó de su cargo al magistrado Gerardo Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), después de haber admitido el recurso de amparo contra los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) por la cancelación de la personalidad jurídica del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Fuentes judiciales confirmaron al Diario La Prensa que desde este lunes las autoridades aliadas del régimen le negaron a Rodríguez el ingreso a su oficina ya que el retiro del cargo fue de forma inmediata y despidieron a todo el personal que tenía a su cargo. A su vez informaron que la casa del funcionario orteguista fue allanada el pasado sábado 2 de octubre.
La noticia se dio a conocer horas después que CxL informara, a través de un comunicado, que el TAM se retractaba de su decisión de admitir el recurso de amparo contra los magistrados del CSE. Según la información, el funcionario orteguista ya tenía orientaciones de no darle trámite a dicho proceso, pero se desconocen los motivos del porqué dio lugar al recurso presentado por el partido opositor.
Al momento de ser despedido, Rodríguez también fue amenazado con cárcel por haber “traicionado a la patria”, fundamentado en la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, sin embargo dicho proceso no se llevó a cabo “para evitar un escándalo”, dijo la fuente judicial a La Prensa.
Nombran a otro magistrado
En tiempo record, la dictadura después de separar de su cargo a Rodríguez —quien tenía más de 15 años en ese puesto—, en su lugar nombró al juez orteguista Ernesto Rodríguez, conocido por su entrega y fidelidad al dictador a través de las condenas impuestas a presos políticos.
La nueva decisión del TAM concluye que «no existiendo violación a los derechos constitucionales de la inexistente entidad recurrente a través de su actual supuesto representante legal, no debe admitirse a trámite el presente recurso de amparo y así debe declararse».
CxL recurrió de amparo contra los magistrados sandinistas del CSE porque consideran que el Poder Electoral violó derechos y garantías constitucionales y que por tal razón debe ser dejada sin efecto la resolución del CSE por sentencia de CSJ.
El seis de agosto pasado, María Haydée Osuna, presidenta y representante legal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), señaló que CxL «de forma constante y públicas realiza acciones contrarias a las obligaciones de los partidos políticos dispuestas en el artículo 59, numeral 6 de la Ley Electoral».
