El ambientalista Amaru Ruíz y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más anunciaron que llevarán ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Naciones Unidas la acusación del régimen de Ortega y Murillo contra el ambientalista por la supuesta violación de la Ley 1042, Ley de Ciberdelitos.
El Colectivo de defensores aseguró que la dictadura de Nicaragua intenta acallar las voces de los defensores de las comunidades indígenas que han denunciado las masacre que cometen los colonos contra los pueblos originarios.
«Los antecedentes inmediatos de esta acusación y la orden de captura sólo representa una actuación más del régimen para acallar nuestra voz y el trabajo que veníamos haciendo desde la Fundación del Río. Hemos sido vigilados y nuestra labor cuestionada. Nos cancelaron la personería jurídica y salí al exilio por el alto riesgo contra mi integridad física», detalló Ruíz.
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La acusación del Ministerio Publicó señala al ambientalista por el supuesto delito de «propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación».
Ruíz habría brindado «información falsa de hechos ocurridos en los años 2020 y 2021 en las comunidades de la Costa Caribe Norte, donde indígenas fueron asesinados» ya que expresó que «el Estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos», según el parte oficial de la Fiscalía el día que anunció que abriría proceso contra el presidente de la Fundación del Río..
En su denuncia, el ambientalista manifestó que la persecución en su contra se debe a la denuncia que hizo desde Fundación del Río por la inacción del régimen durante el incendio en la reserva biológica Indio Maíz en abril 2018. También dijo que sufrió un «atentado el 28 de abril donde sujetos desconocidos entraron a mi casa, rompieron ventanas y dañaron un vehículo de la Fundación».
Ruíz manifestó que la acusación se basa en dos cosas: la denuncia de la masacre en la comunidad de Alal, en enero de 2020, y la denuncia de la masacre de indígenas en el cerro Kiwakumbaih en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, en agosto de 2021. «Estos hechos ocurrieron en esos territorios. Tenemos fotos, videos y pruebas», declaró.
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«Nos han recomendado el establecimiento de esta denuncia que inicia en el Colectivo pero que va a continuar hacia otras medidas en el Sistema Interamericano y el Sistema Universal, CIDH y Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y en relatarías del sistema universal», agregó.
Carlos Guadamuz, miembro del Colectivo Nicaragua Nunca Más manifestó que el régimen actúa en complicidad con las instituciones del Estado y «el patrón de comportamiento tiene que ver con los procesos de invasión y nosotros los acompañamos en esa denuncia, eso es lo que están persiguiendo».
El ambientalista explicó que no es posible enfrentar la acusación en el país porque se criminaliza a los opositores, defensores de derechos humanos y periodistas.
«Repudiamos esta persecución del Ministerio Publicó al usar la Ley 1042. El artículo 32 de la Ley de Ciberdelitos viola el artículo 52 de la Constitución Política de Nicaragua», dijo Guadamuz.
El caso del ambientalista se ventila en el juzgado sexto distrito penal de audiencia de Managua por el juez Henry Morales. «No hemos logrado tener acceso a la acusación ni a las pruebas de la Fiscalía», denunciaron tanto Ruíz como los defensores que lo acompañan.