El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó «enérgicamente» la acusación «infundada» en contra de la abogada de presos políticos María Oviedo, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
El sistema de justicia, al servicio del régimen Ortega-Murillo, remitió a juicio a la defensora de derechos humanos por los supuestos delitos de «conspiración» para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
«Esta acusación constituye una grave violación a los derechos humanos, violenta el principio de inocencia, el debido proceso y la protección judicial, derechos consagrados no sólo en la Constitución Política de Nicaragua; sino también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», explicó el abogado Braulio Abarca, miembro del Colectivo.
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Abarca manifestó que la acusación contra Oviedo genera una «inseguridad jurídica» debido a que no existe independencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ni del Ministerio Público.
«Se están construyendo casos de manera arbitraria en contra de la población nicaragüense que ejerce su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación; así como también el derecho a defender derechos. Esta situación lacera rotundamente la integridad personal y menoscaba la dignidad humana de las personas acusadas», enfatizó.
La abogada Oviedo se destacó en la defensa de los presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue capturada la tarde del jueves 29 de julio en la ciudad de León, durante un fuerte operativo policial comandado por el comisionado Fidel Domínguez.
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La abogada María Oviedo ya fue víctima de la Policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En julio de 2019 fue detenida por abofetear a un oficial de la Policía de Masaya, porque según la defensora, el agente trató de sobrepasarse.
El Colectivo exigió la libertad inmediata de todas las presas y presos políticos de Nicaragua, el cese inmediato de la represión, a la persecución, criminalización y judicialización de personas que se encuentran actualmente detenidas arbitrariamente.
«Hacemos un llamado a la comunidad internacional que también condene estas graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en nuestro país para que en Nicaragua nunca más haya impunidad y nunca más olvido», enfatizó Abarca.