El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken presentó la actualización de la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo del Norte, conocida como la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos. El informe actualizado incluye a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que socavaron los procesos o las instituciones democráticas: Óscar Alberto López Jerez, Elsy Dueñas Lovos, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahún Martínez. Todos magistrados de la Sala Constitucional salvadoreña.
Según el comunicado, “los cinco magistrados están incluidos por aceptar nombramientos directos en la Sala por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso inusual y en aparente contravención a los procesos establecidos en el artículo 186 de la Constitución, que exige la selección de dichos Magistrados de una lista de candidatos elaborada por el Consejo Nacional de la Judicatura”. “Los exfuncionarios fueron destituidos abruptamente sin causa legítima tras la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa elegida el 1 de mayo. Después de ser instalados, los nuevos Magistrados declararon que su instalación por la Asamblea Legislativa había sido constitucional”. “Posteriormente, los Magistrados también socavaron los procesos o las instituciones democráticas al aprobar una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección del presidente, a pesar de la prohibición expresa en la Constitución de los mandatos consecutivos de la Presidencia”.
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“Las acciones de estos cinco magistrados demuestran una clara estrategia para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso crítico al poder ejecutivo”, dijo la encargado de negocios Jean Manes. “Estas acciones dañan la relación bilateral que Estados Unidos se esfuerza por tener con el gobierno de El Salvador”.
Los funcionarios incluidos no podrán ingresar a territorio estadounidense, además de anularse inmediatamente el visado. Las investigaciones por parte del Departamento continuarán en El Salvador, Guatemala y Honduras esto para que dichos funcionarios no puedan tener a Estados Unidos como refugio.
