Iglesia católica anhela una Nicaragua «sin leyes que repriman» y donde se «respeten los derechos humanos»

La Comisión de Paz y Justicia de la Arquidiócesis de Managua envió un mensaje al pueblo de Nicaragua, en ocasión del Bicentenario de la Independencia de la corona española, donde destacan que el país necesita autoridades que ejerzan sus funciones como un servicio, faciliten el ejercicio de la libertad, que actúen con justicia y respeten los derechos de todos los nicaragüenses.

También abogan porque no exista «temor a elecciones libres, transparentes y competitivas», presos políticos y medios de comunicación clausurados o impedidos de informar.

«Una patria donde se respeten los derechos humanos, la libertad de pensar y opinar diferente, donde juntos podamos levantar una economía que produzca bienestar para todos, sin leyes que repriman las iniciativas independientes y de respete el pluralismo social y político», reza el el mensaje de los sacerdotes de la Arquidiócesis.

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El comunicado también destaca que la situación política y social de Nicaragua «no debe continuar igual» y que es importante una patria donde los diversos sectores empresariales y los organismos de la sociedad civil puedan desarrollarse con un adecuado apoyo legal y fiscal, sin que los aspectos legales y fiscales se conviertan en medios de coacción.

«Tenemos décadas de confrontaciones que han generado desempleo, pobreza generalizada, inseguridad ciudadana, exilio forzado, desatención eficiente de la educación y a la salud. Por ejemplo, cuando se promueven aglomeraciones de personas irresponsablemente en medio de una pandemia mundial», finaliza el comunicado.

Nicaragua está sumida en una grave crisis de derechos humanos desde abril de 2018, organismos han alertado a la comunidad internacional que el régimen Ortega-Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad. La dictadura reprimió a sangre y fuego las protestas sociales y ordenó disparar contra los manifestantes. Encarceló a más de un centenar de opositores y los enjuició por terrorismo. 

Desde hace cuatro meses, en el contexto electoral, mandó a encarcelar a más de 30 opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales y los principales líderes críticos al régimen. Creó leyes regresivas, según organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para inhibir y mantener en prisión a los posibles candidatos a cargos de elección popular y medirse en las urnas con el que escogió, personas con escaso nivel de simpatía y señaladas de ser colaboracionistas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).