Un total de 80 ataques a la libertad de prensa se registraron en Nicaragua solo en el mes de agosto, revela el más reciente informe del Diario La Prensa correspondiente a este mes, en el que persisten los procesos civiles y judiciales, agresiones y detenciones arbitrarias contra directores, periodistas y editores de medios de comunicación independientes.
El documento detalla que del total de casos, 58 de ellos fueron perpetrados contra medios de comunicación y 22 contra periodistas, siendo los “agentes estatales” los principales agresores. “En dos casos los victimarios fueron identificados como no estatales; pero claramente reconocidos como paraestatales para reprimir y violentar los derechos de los hombres y mujeres de prensa, al igual que medios de comunicación independiente”, señala.
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Denuncian que en el departamento de Managua se concentraron la mayor cantidad de casos de violaciones a la libertad de prensa con 73 de los 80 reportados, “lo que equivale a un 91.3 por ciento, seguido de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) 5 casos, equivalente a 6.3 por ciento, un caso en Estelí y otro en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN)”.
“Por quinto mes consecutivo la jefa de prensa de Radio La Costeñísima, la periodista Kalúa Salazar es víctima de un asedio maniático por parte de las autoridades policiales de Bluefields, que en tres ocasiones en el mes llegaron a asediar su casa en altas horas de la noche”, agrega el informe.
Persiste persecución judicial
Asimismo, observó que en el mes de agosto continuaron las inquisiciones por parte del Ministerio Público en contra de periodistas independientes. “Esta institución que funciona en completa obediencia al Poder Ejecutivo, en los últimos meses, al igual que la Policía Nacional prevalece como una de las instituciones abanderadas de la represión, en contra de la prensa independiente en Nicaragua”, dice.
Agrega que en el mes de agosto 10 comunicadores fueron citados por la Fiscalía en calidad de testigos, por el juicio político emprendido en contra de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por el supuesto delito de lavado de dinero, gestión abusiva y apropiación y retención
indebida de bienes y activos.
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El informe también destaca el allanamiento al Diario La Prensa, hecho ocurrido el 13 de agosto, cuando un contingente de antimotines y policías se tomaron las instalaciones del medio de comunicación, desconectaron los servidores, cortaron la energía eléctrica y el internet, además de privar a los trabajadores de sus dispositivos móviles. El asalto se dio un día después de que el rotativo informara que dejaría de circular en su versión impresa debido a la retención de materia prima.
Luego la Policía arrestó al gerente general del medio, Juan Lorenzo Holmann, y se inició una investigación al medio por el supuesto delito de «defraudación aduanera y lavado de dinero», Holmann actualmente está siendo procesado por el mismo delito.
Periodistas exiliados
El informe señala que ante la escalada del recrudecimiento de la violencia estatal, muchos comunicadores se han visto obligados a huir, siendo la migración la única alternativa para salvaguardar su integridad física; “en este sentido La Prensa conoció que en el mes de agosto 7 comunicadores se exiliaron. Con esta cifra, según reportes de La Prensa al menos 26 periodistas se han exiliado entre junio y agosto 2021, una
de las cifras más altas después del primer éxodo en el 2018. Para algunos comunicadores este es su segundo exilio”, señala.
El documento concluye que en la actualidad «estamos ante el peor contexto de la historia de Nicaragua para ejercer el periodismo. Con el allanamiento y cierre de las instalaciones de La Prensa, el régimen sandinista, supera con gran ventaja a la dictadura somocista, y se superan así mismo”.
