La toma del poder en Afganistán por los talibanes, coronada por la toma de Kabul el 15 de agosto, no ha frenado las manifestaciones de protesta contra ese movimiento armado en el país, aunque la respuesta violenta de las nuevas autoridades es cada vez mayor, advirtió hoy Naciones Unidas.
Esta respuesta cada vez más violenta incluye “uso de munición real, porras y látigos”, señaló en rueda de prensa la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos Ravina Shamdasani.
La situación podría empeorar después de que este miércoles, 8 de septiembre, los talibanes emitieran una orden de prohibición de toda “reunión no autorizada”, a lo que siguió el corte del servicio de internet en móviles en determinadas áreas de Kabul y la reducción de las protestas, indicó la fuente oficial.
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“Mujeres y hombres de Afganistán han salido a la calle en estos momentos de gran incertidumbre para pedir pacíficamente que sus derechos humanos sean respetados, incluido el de las afganas a trabajar, moverse, tener una educación y participar en política”, subrayó Shamdasani.
“Es crucial que los que están en el poder escuchen esas voces”, añadió la portavoz, quien pidió a los talibanes en nombre de la oficina dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet que “detengan inmediatamente el uso de la fuerza” contra estos manifestantes, así como las detenciones arbitrarias.
Aunque no hay cifras exactas de víctimas de la represión contra estas manifestaciones, se sabe que al menos dos personas (una de ellas menor de edad) murieron en los primeros días de protestas, del 15 al 19 de agosto, durante ceremonias de izado de la bandera nacional que concentraron muchedumbres en varias localidades y en las que los talibanes dispararon para intentar dispersarlas.
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Esta semana dos hombres murieron y siete resultaron heridas durante una protesta en la ciudad de Herat el 7 de septiembre, y ese mismo día varios manifestantes fueron golpeados y otros detenidos (al menos 15 periodistas) en una protesta en la capital, Kabul.
“Recordemos que las protestas pacíficas están protegidas por las leyes internacionales en materia de derechos humanos”, subrayó la portavoz, quien pidió a las autoridades afganas que “garanticen un entorno seguro y no discriminatorio para el ejercicio de la libertad de expresión y la reunión pacífica”.
