Ortega convirtió una «cárcel de tortura en una corte», es una «aberración legal»; denuncia UNAB

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) expresó su preocupación por la situación de cada una de las personas presas políticas por las arbitrariedades que se están cometiendo en el proceso de investigaciones y las audiencias que ahora se realizan en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote».

Los 36 presos políticos que están detenidos desde mayo en «El Chipote» han sido víctimas del régimen Ortega-Murillo por ser opositores y elevar su voz para pedir cambios en el sistema de gobierno. La audiencia de garantías constitucionales, la audiencia preliminar y la audiencia inicial de los reos de conciencia se han realizado en la DAJ y no en los juzgados de Managua.

Según la UNAB, la dictadura ha convertido Auxilio Judicial, considerada una cárcel de tortura en una «corte» y esto es «violatorio de la ley y de los derechos de quienes son procesados». «(Es un) método más de martirio. Todo lo que en ese espacio se actúe constituye una aberración legal y es inválido», explicó.

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El organismo opositor asegura que articulan «esfuerzos» para lograr la concertación con otras fuerzas opositoras en un solo «bloque común» sin «diferencias ideológicas o políticas» para hacerle frente a la dictadura Ortega-Murillo que, aseguran, están aislados internacionalmente.

«Diariamente estamos realizando acciones de incidencia internacional contra la dictadura, las cuales están encaminadas en el desconocimiento de todo el proceso electoral, la denuncia de la situación de las personas secuestradas políticas y la exigencia de mayor presión para lograr la liberación de cada presa y preso político», dijo María Laura Alvarado, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional.

Alvarado señala que están desarrollando acciones de resistencia cívica y organización a nivel local para salir de la dictadura nicaragüense. «Continuaremos con las firmes demandas relativas a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua», enfatizó.