El régimen de Daniel Ortega acusó al galardonado escritor Sergio Ramírez Mercado por el delito de «incitar al odio y la violencia», al tiempo que lo vincula con la investigada Fundación Violeta Barrios de Chamorro que, según la Fiscalía, financiaba a personas y organismos para supuestamente «desestabilizar» el país.
La institución señala que estas «acciones encuadran en el tipo penal de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y solicitó orden de detención y allanamiento en contra del también exvicepresidente del primer gobierno sandinista.
El comentarista político Jaime Arellano, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa y el exembajador Mauricio Díaz fueron llevados a audiencias iniciales y remitidos a juicio, señalados de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional. La justicia de Ortega les impuso prisión preventiva a los ya presos políticos.
Dos semanas después del ataque contra indígenas en Bosawas, la Policía finalmente se pronunció, asegurando que la masacre fue cometida por un grupo integrado por unas 14 personas que, motivado por «discordias con los asesinados», los agredieron cuando laboraban en la zona de minería artesanal de Kiwakumbaih, en el municipio de Bonanza.
Las autoridades contabilizan nueve víctimas mortales, incluyendo adolescentes. Después de un «largo silencio», la Policía asegura que hay tres personas detenidas, entre ellas, dos hermanos de una de las víctimas. Sin embargo, el informe no menciona el nombre de Isabel Meneses, conocido como «Chabelo», que los indígenas señalan como supuesto autor de la masacre.
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La versión policial no coincide con la de activistas y habitantes, quienes aseguran que 13 indígenas fueron asesinados por colonos armados que invaden sus tierras por intereses económicos, una problemática que, según, ha sido ignorada por las autoridades nacionales durante años.
Por denunciar las masacres contra indígenas en el Caribe Norte, la dictadura acusó al ambientalista Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, por el delito de «propagación de noticias falsas». La Fiscalía señala que Ruiz ha expresado que «el Estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos», lo que, según el régimen, «es totalmente falso».
Haciendo uso de la restrictiva Ley de Ciberdelitos, el ministerio solicitó su detención porque supuestamente el activista «pretendió crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional».
La salud del preso político Bryan Kessler Alemán ha empeorado. Su familia denunció que lleva un mes padeciendo síntomas asociados al COVID-19 y no ha recibido atención médica. Su hermana Hanzi Alemán explicó a Artículo 66 que este día recibieron una llamada para alertarlas que la salud del preso político ha empeorado.
Menos del 10 por ciento de la población ha sido vacunada contra el COVID en Nicaragua, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La preocupante situación del país es comparable con Guatemala, Venezuela y Haití en América Latina que no superan el 11 por ciento de cobertura.
El organismo también señaló que no cuentan con información sobre la presencia de variantes del virus en Nicaragua porque, a la fecha, las autoridades sanitarias no les han enviado datos que lo confirmen.
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El periodismo independiente en Nicaragua se encuentra ante el «peor contexto posible» para el ejercicio de la profesión, debido a las acciones «feroces» del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra del gremio, señala el informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, presentado este ocho de septiembre en el marco del Día Internacional del Periodista.
La estrategia actual se basa en la criminalización que se refleja en los arrestos a periodistas y personal de medios de comunicación con el objetivo de «silenciar» a la sociedad nicaragüense. El organismo alerta que al menos 25 comunicadores se han exiliado para proteger su vida y libertad.
El elenco de la serie televisiva estadounidense «Riverdale» se pronunció sobre la situación de los presos políticos en Nicaragua. Los actores y demás miembros del equipo de la exitosa serie de Netflix grabaron un video en apoyo a su creador y showrunner, Roberto Aguirre Sacasa, hijo del excanciller y prisionero político del régimen Francisco Aguirre Sacasa.
El elenco manifestó que el exdiplomático nicaragüense «ha sido un incansable defensor de la democracia y los derechos humanos, y por eso, su casa fue allanada en medio de la noche por guardias armados, bajo órdenes del dictador». Los artistas lanzaron en las redes sociales la etiqueta en inglés #FreeFrancisco y #SOSNicaragua e hicieron un llamado a sus fanáticos para «presionar a la comunidad internacional que se haga justicia» para los líderes políticos encarcelados.
Que mas incitación al odio que haber asesinado tantos estudiantes y obreros, que creen que sienten los familiares dolientes?.