El informe Persecución y criminalización del periodismo nicaragüense del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + identificó dos etapas de la represión gubernamental contra la prensa independiente. Ambas tienen como objetivo la censura de los medios y periodistas independientes. En la primera usan los dispositivos judiciales para neutralizar e intimidar a periodistas sin recurrir necesariamente a la privación de la libertad.
La segunda etapa, en 2021, está dirigida a privar de la libertad a periodistas independientes, en esta modalidad el principal dispositivo represivo es el derecho penal utilizado como mecanismo de persecución con fines políticos.
La situación se agrava a partir de mayo de este año cuando el régimen comenzó a implementar un combo de leyes represivas y con la persecución penal contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), la detención del periodista Miguel Mendoza, la citatoria a periodistas ante la Fiscalía y el allanamiento a las oficinas de Confidencial y La Prensa.
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«El periodismo independiente de Nicaragua se encuentra bajo un feroz ataque por la sistemática represión impuesta en el país desde hace tres años. En los últimos tres meses, sobre todo, se registra un incremento de las acciones de descalificación, persecución, hostigamiento, criminalización y judicialización como los principales mecanismos gubernamentales para haberse censura, autocensura con el propósito de silenciar al periodismo y a la sociedad nicaragüense», dijo Wendy Quintero, vocera de la organización.
Fiscalía cuestiona a periodista Wilfredo Miranda y «saca de la manga» Ley de Ciberdelitos. Foto: Artículo 66/ Noel Miranda.
El informe señala que la estrategia gubernamental para silenciar a la prensa independiente en Nicaragua incluye un amplio número de acciones con la activación de todo un andamiaje para «restringir la opinión crítica, censurar la información e impedir un ejercicio democrático de rendición de cuentas». El Colectivo explica que ha identificado diferentes tipos y niveles de represión contra el periodismo independiente.
Según la presentación, algunos medios de cobertura nacional cambiaron su línea editorial y han reducido los espacios críticos al gobierno. También resaltan que los analistas, políticos y la misma ciudadanía que antes denunciaban el actuar de la dictadura, ahora han reducido o limitado su derecho a la libre expresión por temor a ser encarcelados y acusados de violar el combo de leyes represivas. «El estado policial impuesto desde hace 3 años, se ha caracterizado por la imposición de la fuerza y el terror para intimidar, desmovilizar y silenciar», señala.
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El Colectivo asegura que las acciones implementadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el periodismo independiente ratifican que en Nicaragua «nos encontramos ante el peor contexto posible para el ejercicio del periodismo». Añaden que «estas acciones son claras violaciones a los derechos humanos de periodistas y personal de prensa, pero también a la población en general que tienen derecho a ser informados».
«Desde 2018 al menos una decena de periodistas han sido judicializados incluyendo 5 periodistas procesados arbitrariamente por injurias y calumnias con el claro objetivo de silenciar el periodismo investigativo… los periodistas se encuentran en la etapa más compleja para el ejercicio de su labor en la historia reciente del país», agrega.
Más de 100 periodistas nicaragüenses han huido del país para resguardarse en países como Costa Rica, Estados Unidos y España. A inicios de junio de 2021, el régimen ordenó a la Fiscalía orteguista citar a «entrevistas» a un grupo de periodistas para amenazarlos con la Ley de Ciberdelitos, una herramienta jurídica creada por la dictadura para intentar callar a los medios independientes. Algunos fueron a declarar y otros decidieron salir del país por temor a ser encarcelados.
