Acusan formalmente por «conspiradores» a Lesther Alemán y Jaime Arellano

El Ministerio Público acusó formalmente por «conspiración» al dirigente estudiantil y presidente de la Alianza Universitaria Nicaraguense (AUN) Lesther Alemán; y al comentarista político Jaime Arellano, director de un programa de televisión que se transmitía por 100% Noticias, un canal crítico y confiscado por el régimen.

Alemán y Arellano fueron acusados el primero de septiembre y les imputan el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua». Las audiencias preliminares se llevaron a cabo este jueves, dos de septiembre. El juez admitió las acusaciones y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los dos opositores.

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Jaime Arellano fue detenido el 24 de julio, permanece en su vivienda bajo arresto domiciliar. El comentarista político es señalado de violar la ley 1055 por supuestamente «socavar la soberanía de Nicaragua» y por «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares», informó la Policía en una nota de prensa. Al igual que al resto de opositores que han sido encarcelados bajo la misma ley, Arellano está secuestrado y se le impuso un plazo de 90 días de «investigación».

El cinco de julio, las fuerzas policiales irrumpieron en la vivienda de la madre de Alemán y secuestraron al líder universitario y uno de los rostros opositores conocidos por su aparición en aquella mesa del Diálogo Nacional, en el 2018, donde enfrentó a Daniel Ortega y le gritó una frase que le significaría la peor afrenta al dictador: «¡Ríndase!».

Desde finales de mayo, el dictador ordenó el arresto de más de 30 liderazgos opositores, capturó a siete aspirantes presidenciales, empresarios, estudiantes, campesinos, exdiplomáticos, periodistas y una defensora de derechos humanos. Todos están detenidos por supuestamente violar la Ley 1055, instrumento jurídico creado para inhibir a cualquier disidente de las órdenes del régimen.