La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) demanda la libertad de Támara Dávila y Violeta Granera, lideresas opositoras e integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), quienes se encuentran «secuestradas» por el aparato represivo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La organización de derechos humanos detalla en su cuenta de Twitter que «han transcurrido más de 60 días desde la desaparición de las defensoras de derechos humanos Violeta Granera y Tamara Dávila, quienes fueron detenidas a manos de agentes policiales».
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Los oficiales subordinados a Ortega-Murillo al momento de detener a Granera el ocho de junio allanaron su casa. En un operativo similar, arrestaron a Dávila el 11 del mismo mes.
«En junio de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) les otorgó medidas provisionales y ordenó su liberación inmediata y requirió a Nicaragua a que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, integridad y libertad personal y la de sus núcleos familiares» señala la entidad defensora.
La dictadura Ortega-Murillo ha ignorado en reiteradas ocasiones tales resoluciones. La pareja presidencial está citada en la Corte IDH para una audiencia este viernes, 27 de agosto, en donde deberán responder por el incumplimiento de las medidas de protección dictadas en favor de Violeta Granera, Juan Sebastián Chamorro, Tamara Dávila, Félix Maradiaga y José Adán Aguerri.
La organización de mujeres defensoras invitó a la población nicaragüense y la comunidad internacional a la «audiencia pública de supervisión de medidas» a celebrarse de manera virtual a las 8:00 a.m. hora local de Costa Rica.
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Este 26 de agosto, la activista feminista, Granera cumple 79 días detenida y Dávila, 75, de los «90 días de investigación», que solicitó la Policía sandinista, amparándose en la reforma al Código Procesal Penal, que permite a la instancia judicial investigar por tres meses a un ciudadano.
La entidad mesoamericana indicó que «Violeta y Tamara son dos de las 34 personas que han sido criminalizadas desde mayo de 2021 y del total de 150 personas que siguen privadas de libertad en Nicaragua por sostener posturas críticas con el gobierno» y añadió que «esta audiencia es importante para todas ellas».
