El periodista Carlos Fernando Chamorro, director de los medios Confidencial y Esta Semana, sostiene que la dictadura «no lo callará», a pesar de los delitos que le imputan con el fin de «silenciarlo». Esta es la respuesta de Chamorro, luego que la Fiscalía lo acusara por los supuestos delitos de lavado de dinero, apropiación y retención indebida, y gestión abusiva; y girara orden de captura en su contra.
El influyente comunicador que se encuentra en el exilio por segunda vez y ha sido víctima de allanamientos, confiscación y persecución por parte del régimen, denunció que ahora le montan un juicio político.
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«A mí me imputan ahora delitos penales, por primera vez, porque siempre me han reprimido, me han confiscado, me han perseguido por las vías de hecho, pero el propósito es el mismo, intentar silenciar a un periodista, matar la libertad de prensa y la libertad de expresión, algo que han intentado desde 2007, en 2008, en 2018, y nuevamente este año, pero nunca lo han logrado, y creo que otra vez van a fracasar, porque no van a silenciarme y no van a impedir que sigamos haciendo periodismo», declaró el periodista en una entrevista brindada en su propio medio de comunicación.
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El organismo defensor de los derechos humanos Amnistía Internacional denunció que la «desaparición forzada» de personas es la nueva táctica del régimen Ortega-Murillo para reprimir y silenciar cualquier crítica o voz opositora. El reciente informe del organismo documenta los casos de diez personas que, por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión, fueron detenidas siguiendo un patrón que incluye la ocultación de su paradero.
Amnistía Internacional indica que estos no son casos aislados y la táctica de la dictadura constituye un «crimen de derecho internacional y una de las más graves violaciones a los derechos humanos».
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El observatorio ciudadano Urnas Abiertas llamó a la comunidad internacional a desconocer las elecciones presidenciales previstas para el siete de noviembre, porque se trata de un proceso ilegítimo que quiere imponer el régimen de Daniel Ortega.
Amnistía Internacional: «Desaparición forzada, una estrategia de represión en Nicaragua». Foto: Confidencial.
El organismo señala que, desde mayo de 2021, la dictadura ha utilizado la persecución judicial como una estrategia represiva para eliminar toda competencia electoral, y ha continuado cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, por lo que no existen condiciones para un proceso electoral libre, justo, transparente y observado.
Colonos armados ejecutaron una masacre contra indígenas de la Reserva de Bosawás, en el Caribe Norte de Nicaragua, para intentar desalojarlos por la fuerza de la zona. Once personas, entre ellas miskitos y mayangnas, fueron asesinadas en un nuevo ataque de colonos armados en la comunidad Kiwakumbaih, territorio de Musawás.
El caso habría ocurrido la noche del lunes, 23 de agosto, y se afirma que los indígenas fueron torturados y posteriormente, asesinados con machete y armas de fuego; entre las víctimas se encuentra una mujer y un menor de edad. La masacre fue denunciada por el ambientalista Amaru Ruiz, quien relató que los indígenas fueron atacados en una zona tomada para la minería artesanal, mientras la Policía y el Ejército nuevamente se han negado a atender la situación.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó embargar las cuentas bancarias de Walmart, empresa que opera en el país bajo en nombre de Corporación de Supermercados Unidos S.A. La acción suma más de 32 millones de córdobas por supuestos daños a las bodegas que arrendaba la transnacional a la empresa Inversiones Parque Industrial Nejapa S.A (IPINSA). La deuda de Walmart sumaría 588 mil dólares.
En un escueto comunicado, la transnacional asegura que tiene «plena confianza de que ha actuado de forma ética y correcta» y que «esta situación no afecta las obligaciones contractuales contraídas con sus proveedores».
