Este 24 de agosto, el aspirante a la Presidencia de Nicaragua, Arturo Cruz, cumple 80 días detenido arbitrariamente bajo la controvertida Ley de Soberanía con la que el régimen Ortega-Murillo ha encarcelado a más 30 opositores en los últimos tres meses, con lo cual la cifra de presos políticos se acerca a 150.
El exembajador de Nicaragua en Estados Unidos y docente universitario se encuentra arrestado desde el cinco de junio, cuando fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de Managua, Augusto C. Sandino a su regreso al país procedente de EE. UU. Desde ese momento se desconoce sobre integridad física y su estado de salud actual. Cruz tiene impedido cualquier contacto con sus familiares o representante legal, guion que se repite con los más recientes rehenes de la dictadura.
A Cruz la Fiscalía orteguista le impuso 90 días de «investigación» por supuestamente «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización».
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El precandidato, quien estaba inscrito en el mecanismo de selección del extinto partido Ciudadanos por la Libertad, había anunciado que se retiraría de la contienda si continuaban las inhibiciones a precandidatos y partidos políticos. «Yo siempre he sido un gran creyente en que la democracia, es lo que puede garantizar la prosperidad en Nicaragua. Cuando yo entré a esta contienda fui muy claro, dije que yo no voy a ser parte de una farsa electoral», declaró el exdiplomático, horas después se conocía sobre su arresto.
Cruz fue el segundo precandidato detenido después de la detención a Cristiana Chamorro bajo el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) por supuesto lavado de dinero. Desde la detención del exembajador, la comunidad internacional y los organismos defensores de derechos humanos han demandado la liberación inmediata del precandidato.